Ministerio de Educación da a conocer medidas por adoctrinamiento político a menores en colegios y jardines infantiles

  • Mineduc solicita a Defensoría de la Niñez e INDH interponer acciones de protección en favor de los niños, y apoya proyecto de ley que refuerza atribuciones de la Superintendencia para sancionar estos casos de infracción a la libertad de enseñanza.

25/11/2019 Nacional

“El adoctrinamiento político de los niños en las escuelas, por parte de quienes están llamados a educarlos, es una forma de violencia y de vulneración de sus derechos, y por ello además de las acciones que hemos empujado a través de la Superintendencia de Educación y Defensoría de la Niñez, oficiaremos al INDH y apoyaremos una reforma legal parlamentaria que permite incluso quitar el reconocimiento oficial a colegios que promuevan o toleren, de modo reiterado, esta infracción a la libertad de enseñanza”,señaló la ministra Marcela Cubillos.

Denuncias de adoctrinamiento político a menores de edad

Durante el último mes se han recibido denuncias de adoctrinamiento político a menores de edad en diversos establecimientos educacionales del país. Ha sido posible observar a niños, siendo grabados por docentes, participando al interior de las escuelas, en manifestaciones de carácter político gritando consignas que los adultos les enseñan y dirigen.

“Siempre hemos defendido a las escuelas como espacios libres de violencia, y ésta es una forma de violencia. Y es violencia ejercida por quienes están llamados a protegerlos y educarlos. Menos visible que un overol blanco lanzando una molotov, pero es violento ver a niños de jardín infantil repitiendo, como si fuera un juego, consignas políticas que una educadora les enseña”, agregó la ministra Cubillos

La Constitución Política de la República establece en su artículo 19 N° 11, a propósito del derecho fundamental a la libertad de enseñanza, que “la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna”. Y la Convención de los Derechos del Niño establece claramente “la obligación de respetar los derechos del niño a la libertad de pensamiento y de conciencia”

Facultades de fiscalización

El Mineduc no tiene facultades de fiscalización o sanción respecto de materias como la vulneración de derechos de la niñez, ni atribuciones para actuar directamente ante Tribunales de Justicia. Por ello, al recibir los antecedentes, ha oficiado a las instituciones públicas que tienen competencia para resguardar los derechos de los niños, y cumplir con la normativa impuesta por el legislador en materia educacional, como son la Defensoría de la Niñez y la Superintendencia de Educación respectivamente. Y hoy lo haremos también al INDH.

Respecto de la Defensoría de la Niñez la Ley N° 21.067 en su artículo 2° establece: “La Defensoría de los Derechos de la Niñez tendrá por objeto la difusión, promoción y protección de los derechos de que son titulares los niños, de acuerdo a la Constitución Política de la República, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, así como a la legislación nacional, velando por su interés superior.”, teniendo para ello las funciones y atribuciones señaladas en el artículo 4° de la citada norma, entre las cuales está la de “Interponer acciones y deducir querellas”.

En tanto, la Superintendencia de Educación, es el ente que tiene por misión fiscalizar y sancionar, en caso de que se constaten incumplimiento a la normativa educacional. Es llamada a investigar y resolver cualquier denuncia que sea informada por los miembros de la comunidad escolar, el Ministerio de Educación o terceros, que puede constituir una infracción a la normativa educacional vigente, como por ejemplo en este caso la infracción al artículo 19 N° 11 de la Constitución que establece que la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

Por su parte, el superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, señaló que “en las últimas dos semanas hemos recibido 28 denuncias que afectan a cerca de 600 niños y niñas, quienes se han visto vulnerados sus derechos por este tipo de acciones. A partir de las denuncias que nos han llegado desde apoderados como también las que nos ha oficiado el ministerio y otros organismos, como Superintendencia de Educación solicitamos antecedentes a los establecimientos y nos haremos presente en cada uno de ellos para conocer qué ocurrió en estos casos”.

Asimismo, destacó que “aquellos establecimientos que efectivamente hayan vulnerado la normativa educacional, que se basa en la educación del respeto; la no discriminación, arriesgan multas que podrían alcanzar hasta los 28 millones de pesos”.

Propuestas Mineduc

El Ministerio de Educación está promoviendo cuatro acciones, a través de distintos organismos competentes, para el término y sanción de estas vulneraciones de los derechos de los niños:

  1. Solicitar a la Defensoría de la Niñez, que es quien puede interponer acciones y querellas, ya que muchas veces los apoderados se sienten amedrentados para iniciar acciones contra su propio colegio, dar a conocer qué acciones y medidas de protección ha interpuesto en favor de los niños afectados.
  2. Conocer el estado actual de las acciones tomadas por la Superintendencia de Educación a raíz de denuncias del MINEDUC y aquellas hechas de manera directa por los apoderados
  3. Oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que también tiene entre sus atribuciones la de interponer Recursos de Protección en resguardo de las garantías individuales como lo es la Libertad de Enseñanza, y adoptar las medidas que corresponda.
  4. Por último, la ministra Marcela Cubillos señaló que “apoyaremos a parlamentarios de Chile Vamos, en un Proyecto del Ley que busca incorporar como ‘infracción grave’ el propagar tendencias político partidistas en establecimientos educacionales, y de esta forma el incumplimiento reiterado de esa prohibición podría implicar la pérdida del reconocimiento oficial del establecimiento”. En la legislación actual, si bien la Superintendencia tiene atribuciones para fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional, la infracción al deber de no propagar tendencia político partidista en los establecimientos educacionales no tiene un tratamiento específico en la ley acorde al rango constitucional que se le ha dado.