Lo que no pueden exigir los establecimientos en textos, útiles y uniformes escolares

"¿Tiene sentido o justificación que se solicite a los padres y apoderados la compra de un texto escolar igual al del Mineduc, solo porque tiene una portada distinta o una página más? ", columna de opinión Superintendente de Educación, Alexis Ramírez.

27/02/2018 Nacional

Columna de Opinión

Por Alexis Ramírez Orellana, superintendente de Educación.

Una de las preguntas más recurrentes respecto del inicio del año escolar es si los establecimientos educacionales pueden exigir textos distintos a los que entrega gratuitamente el Ministerio de Educación, o pedir uniformes y útiles de marca. La inquietud se fundamenta básicamente en los altos costos asociados, que impactan con fuerza especialmente el presupuesto de las familias más vulnerables. Pero, ¿es la única interrogante? Sin duda, no.

Lo que debemos preguntarnos como sociedad y como comunidad escolar es si la falta de estos materiales es un argumento suficiente para afectar el derecho a la educación de un alumno o alumna en Chile, y si estas carencias fundamentan medidas que importen una discriminación arbitraria o sanciones disciplinarias, como la devolución de estudiantes a la casa, que pongan en riesgo la seguridad física y psicológica de los niños y niñas.

Para proteger estos derechos, la normativa escolar establece que ningún establecimiento, sea subvencionado o particular pagado, puede sancionar con estas medidas a un estudiante por no contar con un determinado texto, artículo o prenda de vestir.

En esta línea, y como una medida de apoyo a las familias y al proceso educativo de los alumnos y alumnas, el Ministerio de Educación entrega anualmente, en forma gratuita, los textos escolares a todos los estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados, material que tiene altos estándares de calidad y que desde 2016 es de propiedad de los niños, niñas y adolescentes.

Adquisición voluntaria

¿Tiene, entonces, sentido o justificación que se solicite a los padres y apoderados la compra de un texto escolar igual al del Mineduc, solo porque tiene una portada distinta o una página más?

Todo indica que no. Menos aún si este año se están distribuyendo 18 millones de ejemplares, con una importante inversión pública y, además, por primera vez, aparte de diccionarios y atlas, se están entregando textos complementarios en asignaturas como Orientación, Artes Visuales, Tecnología, Educación Física, Música y Filosofía.

Lo anterior no implica, por cierto, que un establecimiento no pueda solicitar un texto adicional, pero esa adquisición es voluntaria por parte de los padres y apoderados. Tanto así que ante una eventual falta de ese material, la normativa establece la obligatoriedad de adecuar la actividad pedagógica, para que no constituya un obstáculo para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los mismos principios rigen en el caso de los útiles y el uniforme escolar. Los establecimientos no pueden exigir artículos de marca, fabricante específico o tienda determinada. Solo pueden sugerir, por razones pedagógicas o sanitarias debidamente acreditadas, la adquisición de determinados productos, pero no obligar su compra. Del mismo modo, la lista de útiles no puede contener materiales que son de responsabilidad del sostenedor, como artículos de aseo (cloro, papel higiénico, jabón líquido) y de oficina (resmas, plumones).

En el caso del uniforme, la normativa indica que los establecimientos pueden establecer el uso obligatorio de este, con acuerdo del respectivo Centro de Padres y Apoderados, Consejo de Profesores, y previa consulta al Centro de Alumnos y al Comité de Seguridad Escolar; y que las normas sobre su uso deben estar incorporadas en el Reglamento Interno, y ser ampliamente difundidas.

Casos de excepción

Por razones de excepción, y debidamente justificadas por los padres y apoderados, los directores de los establecimientos están facultados para eximir a los alumnos y alumnas por un determinado tiempo, del uso total o parcial del uniforme escolar, lo que es absolutamente comprensible si estos no cuentan con los recursos para adquirirlo.

Debido a esta situación, y para facilitar el cumplimiento de esta exigencia, la norma establece que los establecimientos deben procurar que el uniforme sea económico y no ostentoso; prohíbe obligar, presionar o inducir la compra con un determinado proveedor, por lo que las familias pueden adquirirlo en cualquier tienda o incluso confeccionarlo; y enfatiza que, en ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme puede ser sancionado con la prohibición de ingresar o permanecer en el establecimiento.

El llamado a los padres, madres y apoderados, entonces, es a informarse de los derechos y responsabilidades en este ámbito, y que ante eventuales vulneraciones a la normativa expongan primero la situación a las autoridades del establecimiento y, si no obtienen resultados, recurran a la Superintendencia de Educación —encargada de la fiscalización de estas materias—, para hacer sus consultas y/o denuncias en cualquiera de las oficinas ubicadas en las 15 regiones del país o a través de la página web.

Lo valioso en que en los últimos años los establecimientos han ido ajustándose cada vez más a la normativa, en el entendido de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede faltar un texto, un artículo o una prenda del uniforme, pero lo único que no puede faltar es el estudiante.

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