Proceso Sancionatorio

Proceso Administrativo

En aquellos casos en que a partir de una fiscalización se detecten hechos que constituyan una eventual infracción a la normativa educacional, la Superintendencia deberá iniciar un proceso administrativo sancionatorio especial, regulado en la Ley N° 20.529.

Conforme al artículo 51 de la Ley N° 20.529, la Superintendencia de Educación, en el ejercicio de su facultad de fiscalización, puede actuar de oficio o a petición de un interesado.

Lo hará de oficio en virtud de los distintos programas de fiscalización que aplica la Institución, y a petición de un interesado, en los casos de denuncias que conozca por la vía de la comunidad o por denuncias que formule el Ministerio de Educación u otras Instituciones.

Las etapas del proceso sancionatorio son las siguientes:

a.Acta de Fiscalización con observaciones

Este tipo de actas, sea realizada en terreno o de forma administrativa, constata un hecho que constituye una eventual infracción a normativa educacional sujeta a fiscalización.

Los hechos constatados en el acta por un funcionario fiscalizador, podrán constituir presunción legal de veracidad para todos los efectos de la prueba judicial, en virtud del carácter de ministro de fe que les otorga la ley a dichos funcionarios. Sin perjuicio de lo anterior, durante la sustanciación del procedimiento sancionatorio, el sostenedor puede aportar todas las pruebas que estime necesarias a fin de desvirtuar los hechos consignados en el Acta.

b. Instrucción del proceso

La instrucción del proceso es un acto administrativo (resolución), en virtud del cual el/la Directora/a Regional o en quien delegue la función, resuelve:

  1. Instruir procedimiento administrativo a un sostenedor por presuntas contravenciones a la normativa educacional, a partir de los hechos constatados en el acta de fiscalización con observaciones.
  2. Designar un fiscal instructor a cargo de la tramitación del proceso.

 

La notificación de la resolución que instruye proceso, marca el inicio de la investigación que realizará el fiscal instructor designado, quien podrá disponer las diligencias que estime pertinente, a fin de darle curso al procedimiento.

c. Formulación y/o no formulación de cargos

De acuerdo a lo establecido en los artículos 66 y siguientes de la Ley N° 20.529, el fiscal instructor es el encargado de la tramitación del proceso administrativo sancionatorio, quien debe realizar las diligencias pertinentes para darle curso a este último, debiendo formular o no cargos, solicitar informes, ponderar las pruebas, entre otras actuaciones.

  1. Presentación de descargos

Conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley N° 20.529, una vez notificada la formulación de cargos al sostenedor, éste dispone de un plazo de diez días hábiles, para presentar descargos y los medios de prueba que estime pertinentes.

d. Informe de ponderación al mérito

Presentados los descargos, o transcurrido el plazo para tal efecto, el fiscal instructor elaborará un informe de ponderación al mérito, el cual tiene la naturaleza jurídica de un acto administrativo. En este informe se realiza un análisis jurídico, de todos los cargos formulados, de los medios probatorios presentados por el sostenedor, como asimismo de las alegaciones planteadas por este último en sus descargos, acogiéndolas o rechazándolas, junto a los fundamentos que llevaron a dicha convicción; para finalmente proponer al Director Regional respectivo la aplicación de sanciones o el sobreseimiento, según corresponda.

e. Resolución que aprueba proceso administrativo

Una vez que el fiscal instructor propone al Director Regional la aplicación de una sanción y/o sobreseimiento, es a este último a quien le corresponde, de acuerdo al mérito de los antecedentes y por resolución fundada, sobreseer o aplicar las sanciones establecidas en el artículo 73 de la Ley N° 20.529.

Finalmente, dicha resolución debe ser debidamente notificada al sostenedor, momento en el cual comenzará a correr el plazo de 15 días hábiles que tiene el sostenedor, para interponer el recurso de reclamación.

Si transcurrido el plazo, no se hubiere interpuesto reclamación, se deberá proceder a la certificación de que el acto administrativo se encuentra firme en sede administrativa.

En los casos que corresponda, se deberá enviar al Ministerio de Educación los documentos que corresponden, a fin que dicha autoridad ejecute la sanción impuesta, conforme lo dispone el artículo 2 bis, letra i), de la Ley N° 18.956

e. Recurso de reclamación administrativa

Es un recurso especial dispuesto en la Ley N° 20.529, el cual que podrá presentar el/la sostenedor/a, en contra de la resolución del Director Regional que aplique cualquiera de las sanciones señaladas en el artículo 73 de la Ley Nº 20.529.

Este recurso podrá presentarse dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que se impugna.

h. Recurso judicial

En virtud de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 20.529: “Los afectados que estimen que las resoluciones del Superintendente no se ajustan a la normativa educacional, podrán reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de un plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución que se impugna, para que las deje sin efecto”.

Formulación de cargos

¿Qué sanciones puede aplicar la Superintendencia de Educación?

Comprobada la infracción a la normativa educacional, y sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda, el Director Regional podrá aplicar una o más de las siguientes sanciones, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la infracción:

En el caso que la sanción aplicada corresponda a la de amonestación por escrito, se deberá señalar al amonestado el origen de la infracción administrativa, como asimismo el plazo dentro del cual deberá ser subsanada la infracción.

De acuerdo a los rangos que establece el artículo 73, letra b) de la ley Nº 20.529, podrán aplicarse los siguientes montos de multa atendido el tipo infraccional que se trate:

 

Infracciones Mínimo Máximo
Infracciones leves 1 UTM 50 UTM
Infracciones menos graves 51 UTM 500 UTM
Infracciones graves 501 UTM 1000 UTM

 

  • La multa aplicada deberá tomar en cuenta el beneficio económico obtenido con ocasión de la infracción, la intencionalidad de la comisión de la infracción, la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, la matrícula total del establecimiento a la fecha de la infracción y la subvención mensual por alumno o los recursos que reciba regularmente, excluidas las donaciones.
  • De lo anterior, resulta importante hacer presente que, estableciéndose una sanción de multa, ésta no impedirá la aplicación de la inhabilitación temporal o perpetua de la calidad de sostenedor, ni la de revocación del reconocimiento oficial del Estado, como tampoco impedirá los reintegros que procedieren en cada caso.
  • Para conocer la aplicación de multas, según dependencia del establecimiento, pinche acá (Artículo 73, Ley 20.529)

Esta sanción consiste en la privación temporal de las subvenciones establecidas en el DFL N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación y leyes complementarias. 

La privación de la subvención podrá ser definitiva o temporal, y en este último caso podrá ser total o parcial. Con todo, la privación de la subvención no podrá exceder de 12 meses consecutivos.

Es aquella sanción que se aplica a la entidad Sostenedora, por infracciones cometidas a la normativa educacional, la cual, se entenderá aplicada a su representante legal y administrador.

La Inhabilitación podrá ser temporal o a perpetuidad.

Es aquella sanción que tiene como efecto revocar el acto administrativo en virtud del cual la autoridad confirió al establecimiento educacional la facultad de certificar válida y autónomamente la aprobación de cada uno de los ciclos y niveles que conforman la educación regular.

De acuerdo al artículo 76, de la ley Nº 20.529, son infracciones graves:

  • No efectuar la rendición de cuenta pública del uso de los recursos.
  • No entregar la información solicitada por el Ministerio de Educación, la Agencia o la Superintendencia
  • Incumplir alguno de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado.
  • Incumplir reiteradamente los estándares de aprendizaje exigidos en conformidad a las leyes. Esta infracción sólo podrá ser sancionada con la revocación del reconocimiento oficial del Estado.
  • Alterar los resultados de las mediciones de aprendizaje y de los otros indicadores de calidad educativa.
  • Impedir u obstaculizar deliberadamente la fiscalización de la Superintendencia.
  • Hacer obligatorio el pago de matrícula u otros cobros que tengan carácter voluntario, en los establecimientos educacionales subvencionados o que reciben aportes del Estado.
  • Toda otra que haya sido expresamente calificada como grave por la ley, especialmente las contempladas en el artículo 50 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998 y en el artículo 34 de la ley N° 20.248.
  • Incumplir las normas señaladas en los artículos 3º, 3º bis y 6º del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1996, sobre subvención del Estado a Establecimientos Educacionales.

De acuerdo al artículo 77, de la ley Nº 20.529, son infracciones graves:

  • No efectuar la rendición de cuenta pública del uso de los recursos en la forma que lo determina la ley o realizarla de manera tardía.
  • Entregar la información requerida por la Superintendencia en forma incompleta o inexacta
  • Infringir los deberes y derechos establecidos en la normativa educacional que no sean calificados como infracción grave.
  • Cobrar indebidamente valores superiores a los establecidos.
  • Tratándose de los establecimientos que reciben subvención o aportes del Estado, realizar maliciosamente publicidad que induzca a error respecto de la naturaleza del proyecto educativo del establecimiento, o que inhiba arbitrariamente la postulación de determinados estudiantes al establecimiento educacional de que se trate.
  • Toda otra infracción que sea expresamente calificada como tal por la ley.

 

En caso de infracciones que tengan el carácter de menos graves, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta ley.

De acuerdo al artículo 78, de la ley Nº 20.529, son infracciones leves:

  • Aquellas en que incurran los sostenedores o establecimientos educacionales contra la normativa educacional y que no tengan señalada una sanción especial.

 

Estas infracciones sólo serán sancionadas si no fueren subsanadas en el plazo que prudencialmente conceda al efecto el fiscalizador de la Superintendencia.

 

En caso de infracciones que tengan el carácter de leve, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta ley.