Fiscalización de uso de Recursos

El objetivo del proceso de fiscalización de uso de recursos es verificar que los recursos entregados por el Estado a los sostenedores sean utilizados en los fines y siguiendo los procedimientos definidos en la normativa. Para esto, la Superintendencia utiliza la información que entrega el Ministerio de Educación, MINEDUC, así como la declaración de gastos que los mismos sostenedores deben realizar anualmente.

La Superintendencia debe fiscalizar el uso de todos los recursos que entrega el Estado. Asimismo, debe asegurarse que los recursos privados que obtiene el sostenedor sean utilizados en los fines educativos que define la normativa. En tanto, las materias a fiscalizar se suman al Plan Anual de fiscalización normativa.

Una vez definidas las materias a fiscalizar se elabora un Programa de Fiscalización para cada una de ellas. Un Programa es una herramienta destinada a guiar en forma integral el quehacer del fiscalizador en el acto de la fiscalización. En los programas de fiscalización de uso de recursos, los procedimientos de auditoría consideran la verificación de la existencia de los bienes comprados y/o la verificación de la prestación efectiva de los servicios contratados.

La selección de muestras se realiza a partir de criterios de riesgo con los que se contrastan los gastos rendidos. Los comportamientos riesgosos en cuanto al uso de recursos (por ejemplo, la no declaración, las declaraciones incompletas, la falta de verificación de la comunidad educativa o del director en la Subvención Preferencial, la reincidencia), son considerados también en la metodología para detectar los establecimientos a fiscalizar.

Dada la imposibilidad operacional y logística de fiscalizar al 100% los establecimientos educacionales que se encuentran sujetos a este proceso, es que se determinan “muestras” para cada uno de los Programas de Fiscalización que se aplicarán durante el año calendario.

Las visitas de fiscalización por uso de recursos generan gastos rechazados. Cada sostenedor anualmente debe rendir cuenta presentando los gastos que ejecutó durante el periodo. La Superintendencia revisa en su fiscalización la documentación y su pertinencia, asegurando que se hayan invertido bien los recursos. De encontrar alguna observación que el sostenedor no puede justificar en los plazos que se le otorgan, el gasto es rechazado debiendo reinvertir ese monto en el quehacer educativo.