Fiscalización con Enfoque Derechos

  • A partir del segundo semestre del 2017, la Superintendencia de Educación se encuentra implementando la Fiscalización con Enfoque de Derechos. Conoce los fundamentos y desafíos de nuestra labor fiscalizadora.

La Superintendencia de Educación, como organismo parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), ejerce su rol de garante del derecho a la educación y promueve el mejoramiento continuo del sistema educativo a través de las acciones de orientación y fiscalización del cumplimiento normativo y adecuado uso de los recursos entregados por el Estado.

Con esta misión, a partir del segundo semestre del año 2017, comenzó a implementar un modelo de Fiscalización cuyo propósito central es la protección de los derechos educacionales y bienes jurídicos resguardados en la normativa educacional.

Esto significa que la labor fiscalizadora de la Superintendencia busca impulsar la mejora continua de los procesos de los establecimientos educacionales, favoreciendo la implementación de medidas como la subsanación de faltas a la norma, la instalación de procedimientos que impidan la reiteración de incumplimientos normativos, y la verificación de que estos últimos aporten a la calidad y equidad de la educación y al resguardo de los derechos de los integrantes de la comunidad educativa.

El actual modelo de Fiscalización se sustenta en cuatro fundamentos en materia educativa. Estos son:

  1. Reforma Educacional:

La Reforma Educacional, actualmente en implementación, reconoce a la educación como un derecho social fundamental para el desarrollo del país y busca mejorar la calidad del sistema educativo en sus distintos niveles. Este cambio de paradigma exige a la Superintendencia de Educación contar con un modelo de fiscalización que integre los principios y objetivos que orientan las últimas transformaciones legales en el ámbito educativo, como la Ley de Inclusión Escolar (2016) y la normativa que reforma el nivel de Educación Parvularia.

     2. Enfoque de Derecho:

Este enfoque se basa en la promoción y protección de los derechos educacionales al reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y, por tanto, titulares del derecho a la educación.

El modelo de Fiscalización se orienta, en consecuencia, a la protección de los derechos educacionales y bienes jurídicos educativos, entendiendo a estos últimos como aquellos valores o intereses que dan sentido a la normativa y suponen el objeto mismo de la legislación educacional. Representan un interés fundamental tanto para el desarrollo del proceso educativo, como para los integrantes de la comunidad.

    3. Cobertura normativa:

Esta se refiere al conjunto de leyes, decretos, reglamentos, circulares e instrucciones aplicables en el ámbito educativo.

Para el desarrollo del nuevo modelo, la Superintendencia ha realizado una revisión exhaustiva de la normativa educacional vigente, organizando la información en una plataforma virtual  www.buenaescuela.cl, con el propósito de generar un espacio abierto donde todos los ciudadanos tengan acceso al conocimiento de los derechos y bienes jurídicos de la comunidad educativa, y obligaciones que la normativa educacional vigente define para los establecimientos. 

 

Mejora continua en los establecimientos:

Con esta nueva forma de fiscalizar, la Superintendencia busca impulsar prácticas y procesos de mejora continua que promuevan la calidad en los establecimientos educacionales, superando la percepción de la fiscalización como un proceso meramente sancionatorio.

 

¿Cómo hemos implementado la Fiscalización con Enfoque en Derechos?

A través del Programa de Fiscalización de Condiciones Laborales Docentes, iniciado desde noviembre de 2017,  se reconoce la importancia de asegurar condiciones adecuadas para los docentes, de modo que estos puedan ejercer con eficiencia y calidad su labor educativa.

Los aspectos en los que se ha centrado la labor fiscalizadora son la relación contractual, las instancias de formación profesional y las condiciones de empleo, además de la convivencia escolar, que afecta el bienestar y desarrollo socio afectivo de los estudiantes e impacta significativamente en la conducta, disposición y rendimiento de docentes y asistentes de la educación. Se han considerado aspectos de infraestructura como  iluminación, temperatura, tipo de mobiliario, material didáctico y equipamiento, todos elementos preponderantes para el desarrollo de la función docente y la consecución de procesos educativos de calidad.

En síntesis, el programa busca verificar que los sostenedores de los establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado, garanticen los derechos y bienes jurídicos resguardados en la normativa educacional en torno a estos profesionales de la educación.

De esta forma, se espera que a través de esta nueva fiscalización se movilicen y fortalezcan las capacidades, conocimientos y prácticas de salas cunas, jardines infantiles, escuelas y liceos del país, que en conjunto  fomenten el mejoramiento del sistema educativo de nuestro país.

Publicado: Diciembre, 2017