Fines Educativos

¿Qué son los fines educativos?

Se entenderán por Fines Educativos aquellos objetivos que la ley ha considerado relevantes de proteger y fomentar, y que tienen como propósito el correcto uso del financiamiento estatal y otros aportes que los sostenedores reciben para el desarrollo de la educación, basado en los derechos y principios que el sistema educativo chileno establece.

El Decreto Supremo N°582 regula las operaciones cuyo financiamiento constituyen fines educativos, además de sus restricciones y las prohibiciones a que están sometidos los directores o representantes legales de las entidades sostenedores.

 

 

Los Fines Educativos buscan el correcto uso del financiamiento estatal y otros aportes que los sostenedores reciben para el desarrollo de la educación.

El sostenedor, como cooperador del Estado en la prestación del servicio educacional, será el encargado de gestionar las subvenciones y los aportes de todo tipo, los que siempre estarán afectos al cumplimiento de los fines educativos y sólo podrán destinarse a aquellos actos o contratos que tengan por objeto directo y exclusivo el cumplimiento de dichos fines.

No obstante lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la LIE y hasta el 31 de diciembre de 2017, no estarán afectos al cumplimiento de fines educativos los aportes privados que reciban aquellos sostenedores que estén constituidos como personas jurídicas con fines de lucro.

Las operaciones que son consideradas fines educativos son las siguientes:

a) Administración y funcionamiento de los Establecimientos Educacionales

  • Los gastos de las dependencias de administración del o los establecimientos educacionales. Por ejemplo, los gastos que se generen en el equipamiento y manejo u operación de las oficinas de la administración superior y del o los establecimientos, los que incluirían el pago de contribuciones o rentas de arrendamiento, la compra de mobiliario, papelería, materiales de oficina, elementos de higiene y seguridad, equipos tecnológicos, caja chica, gastos notariales o bancarios, pago de impuestos y tasas, entre otros.
  • Los costos de aquellos servicios que estén asociados al funcionamiento y administración del o los establecimientos educacionales. Por ejemplo, los costos de funcionamiento u operatividad, la obtención de permisos y autorizaciones, el pago de servicios básicos, tales como agua, luz, telefonía, aseo, y servicios complementarios como servicios de seguridad y de difusión e impresión. Asimismo, se entenderán como costos asociados a la administración o gestión del o los establecimientos educacionales la contratación de servicios contables, jurídicos, informáticos, seguros sobre bienes, u otros de similar naturaleza, destinados a satisfacer los objetivos institucionales.
  • Los gastos asociados a la mantención y reparación de inmuebles y muebles asociados al o los establecimientos educacionales. Por ejemplo, la contratación de servicios de reparación de instalaciones eléctricas, de gas, reparaciones de computadores, servicios mecánicos, pintura, cañerías, cortinaje, cuidado de jardines o canchas, entre otros.

b) Remuneraciones

  • Pago de remuneraciones a personas naturales que ejerzan funciones de administración superior o presten servicios en dicha área. Por ejemplo, las remuneraciones pagadas a las personas naturales que, sin ejercer funciones de administración superior, presten servicios en dicha área, bajo contrato de trabajo o designación, tales como servicios de contabilidad y secretariado, u otras de naturaleza similar.
  • Pago de remuneraciones, honorarios y beneficios al personal docente y asistentes de la educación que cumpla funciones directivas, técnico pedagógicas o de aula, y de los asistentes de la educación que se desempeñen en el o los establecimientos educacionales.

c) Prestación y mejora del servicio educacional

  • La adquisición de servicios, materiales e insumos para el buen desarrollo de la gestión educativa y recursos didácticos e insumos complementarios que sean útiles al proceso integral de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, la adquisición de licencias para la utilización de softwares para la gestión y administración educativa.
  • Los gastos que guarden directa relación con la mejora de la calidad del servicio educativo del o los establecimientos educacionales. Por ejemplo, jornadas de capacitación o perfeccionamiento de profesores de acuerdo a la normativa vigente, la contratación de personal especializado, las actividades de reforzamiento educativo y de enriquecimiento curricular, la adquisición de softwares o plataformas pedagógicas, u otros de similar naturaleza.
  • Los gastos consistentes con el proyecto educativo del o los establecimientos educacionales. Por ejemplo, gastos asociados a la compra de libros, revistas, instrumentos musicales, implementos deportivos, instrumentos científicos, insumos rituales, bienes simbólicos, entre otros que sean consistentes con el proyecto educativo. Tendrán lugar también los costos relacionados a la asistencia, científicos, deportivos, religiosos u otros similares que constituyan experiencias educativas o actividades complementarias.

d) Inversiones y pago de obligaciones crediticias

  • La inversión en activos financieros de renta fija y en activos no financieros. Por ejemplo, los depósitos a plazos, cuentas de ahorros, bonos y obligaciones emitidas por el Estado, entre otros.  En el caso de las inversiones en activos no financieros necesarios para la prestación del servicio educativo, se incluirá la compra del terreno en el que se emplace el establecimiento educacional, del mobiliario escolar, de vehículos para el transporte de alumnos, entre otros.
  • Pago de las obligaciones garantizadas con hipoteca, contraídas con el sólo propósito de adquirir el o los inmuebles en el cual funcione el establecimiento educacional de su dependencia. Por ejemplo, el pago del dividendo o cuota mensual del mutuo o crédito hipotecario.
  • Pago de obligaciones garantizadas con hipoteca vigentes a la fecha de publicación de la Ley Nº 20.845. Los pagos de estas obligaciones se considerarán operaciones que se ajustan a los fines educativos. Con todo, se deberá acreditar, el alzamiento de la hipoteca en el plazo de 25 años según lo dispuesto en el inciso final del artículo 3º transitorio de la Ley Nº20.845.
  • Pago de créditos bancarios o mutuos para invertir en mejoras necesarias o útiles del establecimiento educacional. Por ejemplo, los pagos de créditos bancarios o mutuos contratados por el sostenedor cuyo único y exclusivo objeto sea el de invertir tales recursos en mejoras necesarias o útiles sean de infraestructura, equipamiento u otros elementos que sirvan al propósito del proyecto educativo del establecimiento educacional.

e) Otras operaciones ajustadas a los Fines Educativos

  • Pago de los contratos de arrendamiento y de los créditos bancarios garantizados. Los contratos de arrendamiento a que se refiere el artículo cuarto transitorio de la Ley Nº 20.845 y del artículo 6º a) quáter, del decreto con fuerza de Ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, como también el pago de las cuotas que comprenda el crédito bancario garantizado a que se obligue el sostenedor para la adquisición del inmueble en que funciona el establecimiento educacional, de acuerdo a lo establecido en el párrafo 2º “De los créditos garantizados”, de la Ley Nº 20.845.
  • Desembolsos efectuados en razón de la transferencia de la calidad de sostenedor. Los pagos que realice el sostenedor en virtud de las obligaciones que haya contraído como sucesor legal de la persona que le haya transferido dicha calidad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley Nº 20.845.

A objeto de orientar a los sostenedores, la LIE ha dispuesto en su artículo trigésimo octavo transitorio un procedimiento de consulta de Fines Educativos, el que se extiende por el plazo de 5 años desde la entrada en vigencia de la ley. Así, en virtud de aquel, el sostenedor de un establecimiento educacional que reciba aportes del Estado podrá efectuar una consulta previa al Director Regional de la respectiva Superintendencia de Educación, con el objeto de determinar si una operación se enmarca dentro de los fines educativos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 3º del decreto con fuerza de Ley Nº2 de 1998, del Ministerio de Educación.

Para tales efectos, la consulta debe ser ingresada por escrito en la oficina de la Dirección Regional que corresponda, en la que se explique la operación y señale sus fundamentos para considerarla conforme a un determinado fin educativo.

Este procedimiento se limita a los gastos que los sostenedores quieran realizar mediante la Subvención General de Escolaridad.

 

Para realizar consultas sobre Fines Educativos debe seguir los siguientes pasos:

1. Descargue y complete el formulario con toda la información solicitada.
2. Presente el formulario y los antecedentes que sirvan de respaldo en la Dirección Regional a la que usted dirige su consulta. Ver direcciones y horarios de atención.
3. Solicite copia de formulario con timbre y fecha de recepción.
4. La Superintendencia de Educación, en sus Direcciones Regionales, pondrá a disposición el formulario en formato papel para quienes deseen utilizarlo.
5. El plazo de respuesta en la Dirección Regional es de 30 días hábiles, prorrogable a 30 días hábiles más, en caso de requerir el pronunciamiento del superintendente.
6. Para mayor información consulte en la Dirección Regional en la que realizará su consulta.
Para descargar el formulario haga click aquí.

Las respuestas de los Directores Regionales constituirán orientaciones aplicables solo para el caso particular consultado por la entidad sostenedora.

Sin perjuicio de lo anterior, estas directrices no tendrán carácter general ni serán vinculantes para el Superintendente de Educación quien, en el ejercicio de sus facultades, podrá modificar o rectificar el criterio contenido en ellas.

Tenencia del inmueble: Canon de Arriendo del local escolar

Tras la promulgación de la Ley 20.845 de Inclusión Escolar, y con el propósito de prohibir el lucro en los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, se modificó la Ley de Subvenciones (Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998, del Ministerio de Educación) en relación a la tenencia legal del inmueble por parte de las entidades sostenedoras.

El canon (valor) de arriendo de un inmueble destinado a la educación está regulado por la Ley 20.845 para los actuales sostenedores (no propietarios) que tengan contratos de arrendamiento vigentes desde marzo de 2014, que pueden continuar con ellos en las mismas condiciones hasta un plazo máximo de 3 años si la matrícula total del sostenedor es inferior a 400 estudiantes, y 6 años si es superior.

Sin embargo, la Ley 21.052 introdujo modificaciones a la normativa educacional, permitiendo un arriendo superior al 11% del avalúo fiscal mediante el procedimiento a realizar en la Superintendencia.

 

El pago de las rentas de arrendamiento se considera una operación que cumple con los fines educacionales, pudiendo destinarse las subvenciones o aportes del Estado que no tengan un objeto específico para pagar el canon definido.

El propietario podrá solicitar al Servicio de Impuestos Internos la revisión del actual avalúo fiscal del inmueble en donde funciona el establecimiento educacional.

Luego de su modificación a partir de la Ley de Inclusión Escolar, la Ley de Subvenciones indica que para percibir estos recursos, la entidad sostenedora debe acreditar que el inmueble en que funciona el recinto educacional es de su propiedad y se encuentra libre de gravámenes o lo utiliza a título de comodatario.

Asimismo, también la Ley 20.845, en su artículo cuarto transitorio, estableció un régimen excepcional permitiendo que los sostenedores de establecimientos educacionales que perciban subvención, puedan utilizar el inmueble donde funciona el local a título de arrendamiento por un período determinado.

Esta disposición, que se fijó para aquellos contratos celebrados o renovados con posteridad al inicio del año escolar 2014 y antes del vencimiento de los plazos fijados en el artículo tercero transitorio de la Ley 20.845 (seis años contado desde el 30 de junio de 2017), establece un monto máximo imputable a la subvención por concepto de canon de arrendamiento correspondiente al 11% del avalúo fiscal del inmueble, dividido en 12 mensualidades.

La Ley 21.052, que introdujo diversas modificaciones a la normativa educacional, modificó el artículo cuarto transitorio de la Ley 20.845, entregando la facultad de la Superintendencia de Educación de autorizar un canon de arrendamiento superior al 11% del avalúo fiscal mencionado.

Asimismo, con la incorporación de nuevos incisos, se estableció que el sostenedor podrá pactar un canon de arrendamiento superior al 11%, siempre y cuando dicho contrato tenga por único fin la prestación del servicio educativo y que se ajuste a los términos y condiciones que habitualmente prevalecen en el mercado para este tipo de operaciones en el lugar y tiempo de celebración.

El sostenedor debe presentar su solicitud a la Superintendencia de Educación y cumplir con los estipulado en sus diversas etapas, las que pueden resumirse en:

• Etapa 1, Admisibilidad. Se verifica que la solicitud presentada por el sostenedor contemple, de forma íntegra, todos los documentos y requisitos solicitados por la Superintendencia, tal forma cumplan con las condiciones básicas para su análisis.

  • Admisibilidad formal: Son los documentos que deben acompañar el formulario de solicitud. Esto es, contrato de arrendamiento o su anexo, que contemple el nuevo canon propuesto, que conste en instrumento público o privado autorizado ante notario; tasación bancaria, en original, que contenga timbre de la institución bancaria que lo emite, el valor comercial del inmueble y su valor de arrendamiento, y el rol de avalúo fiscal; y la indicación si el inmueble tasado posee edificaciones sin recepción de obras definitivas. A ello se suma la Resolución Exenta actualizada, en copia simple, que otorga reconocimiento oficial del Estado al establecimiento que funciona en dicho inmueble e indica su capacidad autorizada. Finalmente, el certificado vigente de hipotecas, gravámenes y prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces.

De no incluir toda la documentación descrita, ésta se devolverá al sostenedor indicando              el motivo de su rechazo.

  • Admisibilidad sustancial: Tras la recepción conforme de la documentación, a continuación será revisada por la División de Fiscalía para asegurarse que los documentos cumplen con los requisitos y características exigidas, además de verificar si el sostenedor cumple con los recursos necesarios para la operación y posteriormente pronunciarse sobre las condiciones básicas del arrendamiento solicitado. No obstante, en esta instancia se podrán solicitar más antecedentes al sostenedor, a las instituciones que componen el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) u otras entidades públicas, que puedan aportar información relevante para tomar una decisión.
  • Si cumpliese con lo requerido, el Superintendente o en quien delegue esta tarea, comunicará al sostenedor que su solicitud fue ingresada para evaluación del canon de arriendo propuesto. Por el contrario, de no cumplir con lo establecido, la solicitud será rechazada según los procesos señalados en la Ley 19.880.
  • Tras ello, la Superintendencia de Educación tendrá 90 días hábiles administrativos para aceptar la solicitud o proponer otra alternativa.

• Etapa 2, Análisis de la Solicitud: : Admitida la solicitud, Fiscalía envía los antecedentes a la División de Fiscalización para que determine, entre otros aspectos, que el contrato de arrendamiento tenga por único fin la prestación del servicio educativo y que se ajuste a los términos y condiciones de mercado, y defina si el canon de la operación es razonable en relación a los ingresos del establecimiento educacional por concepto de subvención y aportes del Estado para entregar una adecuada prestación de servicio educativo. La Superintendencia se pronunciará aceptando el canon propuesto por el sostenedor o proponiendo uno alternativo.

Etapa 3, Impugnación Especial: Según lo dispuesto por la Ley 21.052, se consigna una etapa de impugnación especial frente a la decisión del Superintendente de proponer un canon alternativo al formulado por el sostenedor. La entidad sostenedora podrá impugnar dicha decisión de acuerdo a lo establecido en el artículo noveno transitorio de la Ley 20.845, reemplazando toda referencia a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) por la Superintendencia de Educación (SIE). De este modo, el canon de arriendo autorizado por la Comisión tasadora será el definitivo.

El detalle de este procedimiento de impugnación se encuentra regulado por el Decreto Supremo N°22 de 2016 del Ministerio de Educación.

En caso de solicitar la Impugnación Especial, ésta deberá ser presentada ante la Superintendencia de Educación.

Los honorarios de los peritos tasadores serán de cargo del sostenedor que impugne el canon propuesto por la SIE.