Fines Educativos

Se entenderán por Fines Educativos, aquellos objetivos que la ley ha considerado relevantes de proteger y fomentar, y que tienen como propósito el correcto uso del financiamiento estatal y otros aportes que los sostenedores reciben para el desarrollo de la educación, basado en los derechos y principios que el sistema educativo chileno establece.

El Decreto Supremo Nª582, regula las operaciones cuyo financiamiento constituyen fines educativos, sus restricciones y las prohibiciones a que están sometidos los directores o representantes legales de las entidades sostenedores.

 

 

Fines Educativos buscan el correcto uso del financiamiento estatal y otros aportes que los sostenedores reciben para el desarrollo de la educación.

El sostenedor, como cooperador del Estado en la prestación del servicio educacional, será el encargado de gestionar las subvenciones y los aportes de todo tipo, los que siempre estarán afectos al cumplimiento de los fines educativos y sólo podrán destinarse a aquellos actos o contratos que tengan por objeto directo y exclusivo el cumplimiento de dichos fines.

No obstante lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la LIE y hasta el 31 de diciembre de 2017, no estarán afectos al cumplimiento de fines educativos, los aportes privados que reciban los sostenedores que estén constituidos como personas jurídicas con fines de lucro.

Las operaciones que son consideradas fines educativos son las siguientes:

a) Administración y funcionamiento de los Establecimientos Educacionales

  • Los gastos de las dependencias de administración del o los establecimientos educacionales. Por ejemplo, los gastos que se generen en el equipamiento y manejo u operación de las oficinas de la administración superior y del o los establecimientos, los que incluirían el pago de contribuciones o rentas de arrendamiento, la compra de mobiliario, papelería, materiales de oficina, elementos de higiene y seguridad, equipos tecnológicos, caja chica, gastos notariales o bancarios, pago de impuestos y tasas, entre otros.
  • Los costos de aquellos servicios que estén asociados al funcionamiento y administración del o los establecimientos educacionales. Por ejemplo, los costos de funcionamiento u operatividad, la obtención de permisos y autorizaciones, el pago de servicios básicos, tales como agua, luz, telefonía, aseo; y servicios complementarios, tales como servicios de seguridad, de difusión e impresión. Asimismo, se entenderán como costos asociados a la administración o gestión del o los establecimientos educacionales, la contratación de servicios contables, jurídicos, informáticos, seguros sobre bienes, u otros de similar naturaleza, destinados a satisfacer los objetivos institucionales.
  • Los gastos asociados a la mantención y reparación de inmuebles y muebles asociados al o los establecimientos educacionales. Por ejemplo, la contratación de servicios de reparación de instalaciones eléctricas, de gas, reparaciones de computadores, servicios mecánicos, pintura, cañerías, cortinaje, cuidado de jardines o canchas, entre otros.

b) Remuneraciones

  • Pago de remuneraciones a personas naturales que ejerzan funciones de administración superior o presten servicios en dicha área. Por ejemplo, las remuneraciones pagadas a las personas naturales que sin ejercer funciones de administración superior, presten servicios en dicha área, bajo contrato de trabajo o designación, tales como servicios de contabilidad y secretariado, u otras de naturaleza similar.
  • Pago de remuneraciones, honorarios y beneficios al personal docente y asistentes de la educación. Por ejemplo, el pago de remuneraciones, honorarios y beneficios al personal docente que cumpla funciones directivas, técnico pedagógicas o de aula, y de los asistentes de la educación que se desempeñen en el o los establecimientos educacionales.

c) Prestación y mejora del servicio educacional

  • La adquisición de servicios, materiales e insumos para el buen desarrollo de la gestión educativa y recursos didácticos e insumos complementarios que sean útiles al proceso integral de enseñanza y aprendizaje de los y las estudiantes. Por ejemplo, la adquisición de licencias para la utilización de softwares para la gestión y administración educativa.
  • Los gastos que guarden directa relación con la mejora de la calidad del servicio educativo del o los establecimientos educacionales. Por ejemplo, jornadas de capacitación o perfeccionamiento de profesores de acuerdo a la normativa vigente, la contratación de personal especializado, las actividades de reforzamiento educativo y de enriquecimiento curricular, la adquisición de softwares o plataformas pedagógicas, u otros de similar naturaleza.
  • Los gastos consistentes con el proyecto educativo del o los establecimientos educacionales. Por ejemplo, gastos asociados a la compra de libros, revistas, instrumentos musicales, implementos deportivos, instrumentos científicos, insumos rituales, bienes simbólicos, entre otros que sean consistentes con el proyecto educativo. Tendrán lugar también los costos relacionados a la asistencia, científicos, deportivos, religiosos u otros similares que constituyan experiencias educativas o actividades complementarias.

d) Inversiones y pago de obligaciones crediticias

  • La inversión en activos financieros de renta fija y en activos no financieros. Por ejemplo, los depósitos a plazos, cuentas de ahorros, bonos y obligaciones emitidas por el Estado, entre otros.  En el caso de las inversiones en activos no financieros necesarios para la prestación del servicio educativo, se incluirá, la compra del terreno en el que se emplace el establecimiento educacional, del mobiliario escolar, de vehículos para el transporte de alumnos, entre otros.
  • Pago de las obligaciones garantizadas con hipoteca, contraídas con el sólo propósito de adquirir el o los inmuebles en el cual funcione el establecimiento educacional de su dependencia. Por ejemplo, el pago del dividendo o cuota mensual del mutuo o crédito hipotecario.
  • Pago de obligaciones garantizadas con hipoteca vigentes a la fecha de publicación de la ley Nº 20.845. Los pagos de estas obligaciones se considerarán operaciones que se ajustan a los fines educativos. Con todo, se deberá acreditar, el alzamiento de la hipoteca en el plazo de 25 años, según lo dispuesto en el inciso final del artículo 3º transitorio de la ley Nº20.845.
  • Pago de créditos bancarios o mutuos para invertir en mejoras necesarias o útiles del establecimiento educacional. Por ejemplo, los pagos de créditos bancarios o mutuos contratados por el sostenedor cuyo único y exclusivo objeto sea el de invertir tales recursos en mejoras necesarias o útiles sean de infraestructura, equipamiento u otros elementos que sirvan al propósito del proyecto educativo del establecimiento educacional.

e) Otras operaciones ajustadas a los Fines Educativos

  • Pago de los contratos de arrendamiento y de los créditos bancarios garantizados. Los contratos de arrendamiento a que se refiere el artículo cuarto transitorio de la ley Nº 20.845 y del artículo 6º a) quáter, del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, como también el pago de las cuotas que comprenda el crédito bancario garantizado a que se obligue el sostenedor, para la adquisición del inmueble en que funciona el establecimiento educacional, de acuerdo a lo establecido en el párrafo 2º “De los créditos garantizados”, de la ley Nº 20.845.
  • Desembolsos efectuados en razón de la transferencia de la calidad de sostenedor. Los pagos que realice el sostenedor en virtud de las obligaciones que haya contraído como sucesor legal de la persona que le haya transferido dicha calidad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley Nº 20.845.

A objeto de orientar a los sostenedores, la LIE ha dispuesto en su artículo trigésimo octavo transitorio un procedimiento de consulta de Fines Educativos, el que se extiende por el plazo de 5 años desde la entrada en vigencia de la ley. Así, en virtud de aquel, el sostenedor de un establecimiento educacional que reciba aportes del Estado podrá efectuar una consulta previa al Director Regional de la respectiva Superintendencia de Educación, con el objeto de determinar si una operación se enmarca dentro de los fines educativos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Para tales efectos, la consulta debe ser ingresada por escrito en la oficina de la Dirección Regional que corresponda, en la que se explique la operación y señale sus fundamentos para considerarla conforme a un determinado fin educativo.

Este procedimiento se limita a los gastos que los sostenedores quieran realizar mediante la Subvención  General de Escolaridad.

 

Para realizar consultas sobre Fines Educativos debe seguir los siguientes pasos:

1. Descargue y complete el formulario con toda la información solicitada.
2. Presente el formulario y los antecedentes que sirvan de respaldo, en la Dirección Regional a la que usted dirige su consulta. Ver direcciones y horarios de atención.
3. Solicite copia de formulario con timbre y fecha de recepción.
4. La Superintendencia de Educación, en sus Direcciones Regionales, pondrá a disposición el formulario en formato papel para quienes deseen utilizarlo.
5. El plazo de respuesta en la Dirección Regional es de 30 días hábiles, prorrogable en 30 días hábiles más, en caso de requerir el pronunciamiento del superintendente.
6. Para mayor información consulte en la Dirección Regional en la que realizará su consulta.
Para descargar el formulario haga click aquí.

Las respuestas de los directores regionales constituirán orientaciones aplicables solo para el caso particular consultado por la entidad sostenedora.

Sin perjuicio de lo anterior, estas directrices no tendrán carácter general ni serán vinculantes para el superintendente de Educación quien, en el ejercicio de sus facultades, podrá modificar o rectificar el criterio contenido en ellas.