Declaración del Sostenedor (ex LIE)

La Declaración del Sostenedor es un proceso declarativo obligatorio para todos los sostenedores de establecimientos educacionales con reconocimiento oficial y que, a partir del año 2021, convoca tanto a los colegios públicos como privados del país.

Se trata de un sistema de declaración orientado a recoger antecedentes sobre la estructura y configuración de las entidades sostenedoras y diversos aspectos de la gestión de cada establecimiento administrado, además de aquellas características que permitan cumplir con las exigencias de transparencia y probidad impulsadas por la legislación educacional, así como el resguardo de bienes jurídicos fundamentales tales como la buena convivencia y la seguridad, en el contexto escolar.

De este modo, toda la información que se recopile a través de esta plataforma, posteriormente será utilizada como un insumo que facilitará los diversos procesos y otros requerimientos que desarrolla la Superintendencia, de tal modo de disminuir los trámites administrativos que deban realizar los sostenedores.

¿Para qué sirve este proceso?

El objetivo es generar un mecanismo que sirva de soporte facilitador para todos los sostenedores, perciban o no recursos del Estado, para cumplir con las exigencias de transparencia de la gestión educativa, respecto de la entrega de información a la Superintendencia de Educación contenida en diferentes cuerpos normativos.

De esta forma, se busca que la declaración solicitada por la Superintendencia se realice oportunamente, de manera que la institución pueda cumplir con su rol fiscalizador tal como lo mandata la legislación vigente.

Además, permite que se mantengan actualizados los procesos de fiscalización, capacitación y acompañamiento a los sostenedores, ofreciéndoles también la oportunidad de mejora.

Por otro lado, la información entregada por los sostenedores se transforma en un mecanismo adicional de transparencia activa y material explicativo de los diversos procesos que lleva la Superintendencia. De este modo, los datos sobre el funcionamiento de los establecimientos y sus diversos aspectos de la gestión educativa, permiten entender su estructura y conformación, y dar evidencia del cumplimiento de requisitos esenciales para su funcionamiento.

¿Cuáles son los beneficios de esta declaración?

El proceso declarativo facilitará la labor de los sostenedores respecto de la entrega de información que deben otorgar a la Superintendencia, por mandato legal.

Cada uno de los antecedentes exigidos por la declaración han sido evaluados en su idoneidad y pertinencia, basados en requerimientos legales y considerando el no aumentar la carga administrativa que mantienen actualmente los establecimientos del país.

Además, y gracias a este procedimiento, se simplifican los requisitos de las fiscalizaciones, diferenciando aquellas obligaciones solicitadas a sostenedores que perciben recursos del Estado respecto de aquellos que no.

Adicionalmente, permite apoyar la modalidad de fiscalización administrativa, pudiéndose reemplazar una cantidad considerable de fiscalizaciones presenciales por fiscalizaciones no presenciales, evitando con ello la exposición del personal de la entidad sostenedora, así como el de la Superintendencia, aspecto especialmente relevante en el contexto de la emergencia sanitaria que vive nuestro país debido a la pandemia por Covid-19.

Asimismo, toda la información ingresada por los sostenedores en declaraciones anteriores, se mantendrá precargada para que estos la puedan corregir, actualizar o reemplazar, siempre y cuando se trate del mismo sostenedor; esto es, la misma persona jurídica o RUT. En tanto, los datos ingresados a la declaración y en caso que la Superintendencia los requiera, serán utilizados para fines de fiscalización, evitando así solicitarlos nuevamente.

¿Cuáles son las características relevantes de este proceso declarativo?

De las principales, destacan las siguientes:

  • Es un proceso obligatorio para todos los sostenedores que administren establecimientos educacionales con reconocimiento oficial, sean públicos o privados, distinguiéndose diferenciaciones de exigencias declarativas para los diferentes tipos de sostenedores que declaran.
  • Es un proceso anual que podría considerar subprocesos complementarios excepcionales con el propósito de mantener actualizada la información que se declara.
  • Facilita el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la entrega de información a la Superintendencia de Educación, las que se encuentran establecidas en la normativa educacional.
  • Funciona como un mecanismo independiente de la rendición de cuentas de ingresos y gastos y de la acreditación de saldos y otros procesos declarativos relacionados con las rendiciones de cuentas a la Superintendencia de Educación.
  • Está sujeto a la fiscalización de su cumplimiento y contenido.
  • La información declarada en años anteriores podrá ser precargada para que el sostenedor pueda validarla o modificarla.
  • La declaración está sujeta a una confirmación de veracidad e integridad por parte del sostenedor.
  • Los datos solicitados son materias que la ley y la Superintendencia de Educación han considerado relevantes de informar y transparentar, a fin de confirmar la constitución de las entidades sostenedoras, su personal, infraestructura, así como su gestión educativa, administrativa y financiera. Entre estos se encuentra, por ejemplo, el gasto en remuneraciones de los directivos y el listado actualizado de los mismos, la nómina de Agencias de Asistencia Técnica Educativa que postularon a licitaciones, el pago íntegro y oportuno de cotizaciones previsionales, entre otras obligaciones.
  • Los contenidos de la declaración han sido organizados siguiendo la estructura de Procesos-Escuela que distingue al Modelo de Fiscalización con enfoque de Derechos y Libertades Fundamentales.
  • Cada requerimiento de información textual o documental solicitada, cuenta con su fundamento legal que sustenta la obligación.

Acceso a la plataforma: