Cuentas Bancarias

Se trata de un proceso que apoya a la Rendición de Cuentas, consistente en una plataforma tecnológica dispuesta por la Superintendencia de Educación. Tiene por objetivo entregar una interfaz donde el sostenedor pueda ingresar y mantener el conjunto y detalle de todas las cuentas bancarias utilizadas para la gestión financiera y desde donde opera los recursos públicos para fines educativos, así como otros privados sujetos a rendición de cuentas.

Este registro es fundamental para transparentar los recursos recibidos, pero no ejecutados en un período. Pero además, será clave para determinar destino de los recursos utilizados por un sostenedor en caso que se requiera una fiscalización en profundidad.

 

Este registro sirve para que la Superintendencia de Educación conozca las distintas cuentas que los sostenedores mantienen para operar los recursos destinados a fines educativos, así como para chequear en el proceso de Rendición de Cuentas los saldos que éstas tienen y contrastarlo con los ingresos y gastos, los cuales deben coincidir.

En este proceso participan los sostenedores, que a través de la plataforma habilitada especialmente para estos fines, declaran las cuentas bancarias desde donde operan los recursos para fines educativos. También participa la Superintendencia, encargada de monitorear la evolución del proceso y entregar soporte a los sostenedores en función de las distintas dudas e inquietudes que éstos pudieran tener sobre el tema.

 

Los sostenedores deben ingresar a la plataforma especialmente habilitada para este propósito y declarar todas las cuentas bancarias en que administran los recursos destinados a fines educativos.

Deben informar las cuentas que, de acuerdo a la Ley 20.845 (de Inclusión Escolar) son de uso exclusivo para recursos públicos con fines educativos, como también aquellas que no se utilicen para estos fines, estas últimas ingresadas en un registro complementario, similar al de cuentas exclusivas mencionado anteriormente.

 

Este registro bancario busca contar con la información necesaria para velar por el correcto manejo de los recursos con fines educativos, a través del conocimiento de dichos instrumentos, los saldos que éstas tengan al final de un ejercicio y, en caso de ser necesario, conocer las transacciones realizadas para fiscalizar el correcto uso de los recursos entregados por el Estado para la actividad educativa.