Directores

Infraestructura

Los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, se les asigna cada año una subvención de apoyo al mantenimiento. Por lo tanto, solicitar materiales de construcción o mantención o su equivalente en dinero, no está permitido, en tanto, el Estado provee de una subvención al establecimiento para su mantención.

Normativa

El Decreto Supremo N°53 del año 2011 del Ministerio de Educación establece los elementos de enseñanza y material didácticos mínimos con que deben contar los establecimientos. Sin embargo, en acuerdo con los apoderados, el colegio o escuela podría solicitar algún material didáctico de apoyo, pero este no puede constituir una obligatoriedad.

Mediación

  • Controversias surgidas entre los padres o apoderados y la dirección del establecimiento educacional, asociadas a temas relacionales y conductuales del estudiante que afectan su normal desarrollo y desempeño educativo.
  • Quedan excluidas de la aplicación de este procedimiento las siguientes situaciones:
    • Las de naturaleza técnico-pedagógica, es decir, los conflictos en relación a la evaluación de aprendizajes, promoción, aplicación de planes y programas, etc.
    • Eventuales infracciones a la normativa educacional, como los requisitos para obtener y mantener el Reconocimiento Oficial del Estado a los establecimientos educacionales; las normas que establecen los requisitos para impetrar el beneficio de la subvención escolar y las comprendidas en la Resolución Exenta N° 25 de 2013 de la Superintendencia de Educación, que establece las facultades de la Superintendencia en materia de atención de denuncias.
    • Conflictos o situaciones de incumplimiento laboral, de cualquier tipo o naturaleza o de relación entre algún docente, asistente de la educación u otro profesional respecto del establecimiento educacional o entre personas y profesionales que se desempeñan en el mismo establecimiento.
  • La Superintendencia de Educación tiene la facultad de facilitar un Proceso de Mediación, cuando los conflictos al interior de la comunidad educativa no logran ser resueltos entre los mismos actores.
  • Para este acercamiento convoca a los involucrados y a un mediador, especialmente capacitado, ajeno al conflicto, para dirigir el proceso.
  • La Mediación apunta a que las partes reestablezcan la relación y lleguen a un entendimiento.
  • Este proceso busca llegar a un acuerdo sin establecer sanciones ni culpables, sino que la reconstrucción de los vínculos y la reparación, cuando sea necesaria.
 

Admisión

Aquellos establecimientos educacionales que cumplan con características históricas, de rendimiento académico destacado dentro de su región, que sean gratuitos, que presenten una demanda considerablemente mayor a sus vacantes y que hayan establecido procedimientos de selección académica a la fecha de publicación de la ley de inclusión (año 2015), iniciarán sus procesos de admisión, de acuerdo a la gradualidad territorial definida para la entrada en vigencia del nuevo proceso de admisión y podrán admitir a sus estudiantes realizando pruebas de admisión de acuerdo a los siguientes porcentajes:
  • El primer año para el 85% de sus cupos.
  • El segundo año para el 70% de los cupos.
  • El tercer año para el 50% de los cupos.
  • El cuarto año para el 30% de los cupos.
  • El quinto año no se podrán realizar pruebas de admisión.
Lo señalado anteriormente, no podrá aplicarse hasta sexto año de educación básica inclusive.
La etapa de postulación se realizará directamente en los establecimientos de preferencia de los padres, madres o apoderados a través de un registro que pondrá a disposición del público el Ministerio de Educación, o también por internet mediante la página que se habilitará para estos efectos.

Matricula

La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas medidas sólo podrán aplicarse cuando:
  • Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además
  • Afecten gravemente la convivencia escolar, o
  • Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.
En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, deberá: 1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones 2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno. Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento:
  1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el Director del establecimiento.
  2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado.
  3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante el Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.
  4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes.
  5. El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley.
Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que:
  • Deriven de su situación socioeconómica.
  • Deriven del rendimiento académico, o
  • Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios.
A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. En caso de que un estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto del artículo 11 del DFL N°2/2009, del Ministerio de Educación.
Ver aquí infografía del procedimiento
Los alumnos deberán ser aceptados y matriculados provisionalmente en los establecimientos.Para estos efectos, será suficiente requisito que el postulante presente al colegio o liceo una autorización otorgada por el respectivo Departamento Provincial de Educación y un documento que acredite su identidad y edad. Los Departamentos Provinciales de Educación deberán otorgar en forma expedita la autorización para matricula provisional al alumno que lo requiera, para lo cual será suficiente que acompañe la documentación que acredite su identidad, su edad y últimos estudios cursados en el país de origen, no pudiendo constituir impedimento el hecho de que estos documentos no cuenten con el trámite de legalización. Mientras el estudiante se encuentre con “matrícula provisoria” se considerará como alumno regular para todos los efectos académicos, curriculares y legales a que diere lugar, sin perjuicio de la obligación del alumno de obtener, en el más breve plazo, su permiso de residencia en condición de Estudiante Titular. Matriculado provisionalmente un alumno(a) inmigrante, el sostenedor del establecimiento subvencionado tendrá derecho a la subvención correspondiente.

Inclusión

Los padres, madres y apoderados, antes de matricular a sus hijos se deben informar acerca del Proyecto Educativo del colegio, de tal forma que elijan libremente el establecimiento en el cual desean educar a sus hijos o hijas. Las familias deben buscar Proyectos Educativos acordes a sus valores y visiones.  
Actualmente existe un número de colegios que ya se encuentran adheridos a la gratuidad escolar. Sin embargo, en otros establecimientos el fin del copago dependerá del monto de la mensualidad. La ley establece un proceso gradual para que los colegios se conviertan en gratuitos, es decir a mayor aporte del Estado, menor aporte de las familias.

Uniforme

El uniforme de Educación Física es regulado según lo establecido en el reglamento interno de convivencia, sin embargo, no se puede prohibir el ingreso a clases por falta total o parcial de este tipo de vestimenta. Los alumnos y alumnas que por situaciones especiales no puedan contar con el uniforme establecido en el Reglamento Interno podrán ser autorizados por el director o directora del establecimiento a no usar obligatoriamente mientras regularizan la situación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Decreto N°215/2009.
Los padres y apoderados tienen derecho a adquirir uniformes y útiles escolares en cualquier tienda o fábrica, y no pueden ser obligados o inducidos a comprarlos a un proveedor determinado por el establecimiento educacional. La Superintendencia de Educación, acogerá las denuncias que puedan afectar el derecho a la libre elección de los padres y apoderados para ser derivadas a la Fiscalía Nacional Económica, entidad que investigará la denuncia, conforme lo dispone el Decreto Ley N°211 del año 1974 sobre Libre Competencia.

Utiles

No, las listas de útiles escolares no pueden contener materiales que son de responsabilidad del sostenedor adquirir, tales como: útiles de aseo y artículos de oficina, constituyendo una exigencia indebida su obligatoriedad, lo cual vulnera la normativa educacional.
No, los establecimientos no deben obligar o inducir la compra de determinadas marcas de útiles escolares. Sólo en forma excepcional, cuando existan razones de carácter pedagógico, sanitario o de otro orden debidamente acreditables, los establecimientos podrán recomendar (nunca obligar) determinadas marcas de productos.

otros

La normativa establece que las escuelas y liceos debe acreditar que el inmueble cumple con los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, acompañando al efecto el certificado de recepción definitiva o parcial extendido por la Dirección General de Obras Municipales de la comuna en que se ubica el establecimiento educacional, o por la autoridad que corresponda en las comunas que no cuenten con dicha Dirección.
Las escuelas y liceos deben elaborar un plan Integral de seguridad Escolar (PISE), el cual debe estar contenido en el Reglamento Interno, y debe contener actividades de prevención de riesgos de acuerdo a los peligros existentes en la realidad específica de cada establecimiento. En apoyo al fortalecimiento de las medidas de seguridad en general todos los colegios deben contar con señalética visible, salidas de emergencia en buen estado y claramente identificadas, extintores cargados, botiquín, enfermería o primeros auxilios.