Superintendencia de Educación incorpora la fiscalización de denuncias al Modelo con Enfoque de Derechos y Libertades Fundamentales

La Superintendencia de Educación forma parte del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, compuesto también por el Ministerio de Educación, Agencia de Calidad y el Consejo Nacional de Educación. Su función principal es fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a la normativa, reglamentos e instrucciones, velando también por la legalidad del uso de los recursos en el caso que reciban aporte estatal.

Para cumplir con esta misión, la Supereduc comenzó a implementar, en sus programas de fiscalización, el Modelo con Enfoque de Derechos y Libertades Fundamentales, orientado a la protección de los bienes jurídicos y derechos resguardados en la normativa, para impulsar la mejora continua en los procesos de los establecimientos, y en diciembre de 2021, a través del Oficio N°1542, este modelo también será aplicado para la labor fiscalizadora en la tramitación de las denuncias, concretando de este modo un hito importante para la institución.

“El traspaso desde un modelo de sustento y hallazgo a uno que se centra en la protección de los derechos, significa que ciertos incumplimientos puedan ser corregidos o subsanados, en base a un análisis de los motivos que llevaron a no cumplir con las regulaciones del ámbito de la educación. Con esto podemos decir que el foco, al sumar las denuncias, está completamente pensado en el aprendizaje de cada establecimiento, facilitando la construcción de espacios educativos de mayor calidad”, señaló el superintendente Cristián O’Ryan.

Procedimiento de denuncias bajo este modelo

El proceso de fiscalización por denuncia ocurre cuando un interesado ingresa un requerimiento de denuncia a la Superintendencia mediante un acto escrito u oral, donde da cuenta de una eventual irregularidad. Su objetivo es indagar la existencia de los hechos denunciados, y en caso de que así fuese, adoptar las medidas que correspondan.

Al ingresar un requerimiento de denuncia, se revisa que estén todos los antecedentes necesarios para su gestión. Posteriormente se declara su admisibilidad y se contacta al director y/o sostenedor del establecimiento para que este informe sobre los hechos y acompañe todos los medios de verificación que el colegio estime conveniente para justificarlos.

Si con las gestiones realizadas se detecta una posible infracción a la normativa educacional, la Unidad de Denuncias de la Supereduc la deriva a la Unidad de Fiscalización, adjuntando un relato de la situación denunciada, en la que se incluyen los antecedentes pertinentes y necesarios para iniciar un proceso de fiscalización.

Como parte del desafío que implica el traspaso total de las denuncias normativas al Modelo con Enfoque de Derechos y Libertades Fundamentales, se desarrolló una herramienta tecnológica que permite mejorar las actividades realizadas durante todo el proceso antes descrito, eliminando la duplicidad de registros, potenciando la gestión en la tramitación, optimizando el trabajo y proporcionando seguridad en términos de datos y antecedentes de los involucrados.

Algunos de los beneficios de este hito:

  • Da garantías al sostenedor de la aplicación de criterios adecuados, objetivos y uniformes, aportando a un proceso justo para todos.
  • Los bienes jurídicos ayudan al sostenedor a entender la importancia del cumplimiento de la normativa educacional. Frente a algún incumplimiento, resulta más fácil comprender qué es lo que se pone en riesgo.
  • Deja en evidencia que la normativa educacional debe actualizarse con el objetivo de disminuir la carga administrativa del sostenedor.
  • La protección de los derechos y bienes jurídicos existentes en la normativa aporta a mejorar la calidad de la educación de niñas, niños y jóvenes.
  • Los bienes jurídicos y derechos incluyen a todos los integrantes de la comunidad educativa, quienes son los actores principales en mejorar la calidad de la educación.
  • Permite coherencia de la información en la trazabilidad del hecho, por la aplicación de un solo instrumento al proceso de fiscalización, respecto a los mayores incumplimientos, multas, subvenciones afectadas, entre otros, lo que incluso permitiría proponer políticas públicas.

 

Te invitamos a revisar los siguientes documentos para profundizar sobre el proceso de fiscalización de la Superintendencia de Educación: