¿Qué medidas disciplinarias NO deben incluirse en el Reglamento Interno?

Los establecimientos educacionales tienen la libertad de establecer normas y medidas disciplinarias formativas en el Reglamento Interno institucional. Para que éstas sean aplicables, deben responder a lo indicado en la legislación, en la normativa educacional o en convenios internacionales.

Agosto 2018

La aplicación adecuada de la disciplina escolar, permite asegurar la protección y el cuidado necesario para resguardar la integridad física, psicológica y social de los estudiantes, sobre la base del respeto a su dignidad y desarrollo personal. En este sentido, las normas y medidas disciplinarias deben garantizar en todo momento, el justo y racional procedimiento, y en ningún caso transgredir la normativa educacional.

La nueva Circular de la Superintendencia de Educación entrega indicaciones precisas sobre las normas y medidas que no deben incluirse en el Reglamento Interno. Esta regulación de la normativa en materia, permite tener claridad sobre qué acciones pueden o no realizarse.

Los establecimientos, atendiendo a su rol de educador, deben priorizar siempre las medidas disciplinarias formativas, esto es, preferir aquellas de carácter pedagógico,  que incorporen medidas de apoyo psicosocial, de manera de favorecer en los estudiantes la toma de conciencia y responsabilidad frente a sus actos; la reparación del daño causado y el desarrollo de nuevas conductas, conforme a los valores y normas de su proyecto educativo.

Las medidas disciplinarias incluidas en el Reglamento Interno, que contravengan las normas legales, se entenderán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte de integrantes de la comunidad educativa.

 

Tipos de  medidas disciplinarias y normas que No se pueden incluir en el Reglamento Interno:

  • Medidas que afectan el derecho a la educación y/o la integridad física o psicológica de los estudiantes.
   Cancelación, suspensión de matrícula o expulsión por:

  • Cambio del estado civil de los padres y apoderados.
  • Por rendimiento académico de los estudiantes sin respetar los requisitos legales.
  • Por no pago de los compromisos económicos.
  • Repitencia

En los establecimientos reconocidos por el Estado, los estudiantes tienen derecho a repetir una vez en la educación básica y otra en media.

  • Inasistencia

En este caso, procede la repitencia del estudiante, siempre y cuando se ajuste a lo reglamentado en los Decretos N° 112 de 1999, Decreto N° 83 de 2001 y 511 de 2003 todos del Ministerio de Educación.

  • Acciones vejatorias o que afecten la dignidad de los estudiantes y/o su familia.
  • Prohibición en el ingreso al establecimiento y la participación en actividades académicas por:
    • Apariencia o presentación personal
    • Falta de textos escolares, uniforme escolar u otro material didáctico.
  • Retención de documentación académica.
  • Devolución de estudiantes a su domicilio durante la jornada escolar sin justificación.
   Normas que NO deben incluirse en el Reglamento:

  • Aquellas que impliquen discriminación arbitraria, que afecten tanto el acceso, como la permanencia, por características personales, familiares y culturales del estudiante y su familia.
  • Que impidan o restrinjan a las estudiantes madres o embarazadas el ingreso y/o permanencia en los establecimientos educacionales.
  • Que limiten la participación o constitución de los Centros de Padres y Apoderados, Centros de Estudiantes, Consejos Escolares, Comités de Buena Convivencia.
  • Que restrinjan o limiten la libertad de culto.
  • Condicionalidad de matrícula a los estudiantes nuevos.

 

  • Prohibición  de participar ceremonia de graduación.

La medida podrá adoptarse con respeto al debido proceso, y en ningún caso se podrá aplicar en base a criterios discriminatorios.

 

Medidas que pueden aplicarse excepcionalmente

Las medidas como reducción de jornada escolar a un estudiante, separación temporal de actividades pedagógicas durante la jornada educativa, o asistencia a rendir solo evaluaciones, podrán aplicarse excepcionalmente, si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa.

Estas medidas, deben estar debidamente justificadas y acreditadas por el establecimiento educacional, antes de su aplicación. Es necesario comunicarlas oportunamente al estudiante y a su padre, madre o apoderado, señalando por escrito las razones que la sustentan. Asimismo, se debe informar sobre las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial que se adoptarán para acompañar la trayectoria educacional del estudiante.

  • Respetar la dignidad de todos los niños, niñas y jóvenes.
  • Inclusivas y no discriminatorias.
  • Definidas en el Reglamento Interno.
  • Ser proporcionales a la falta.
  • Promover la reparación y el aprendizaje.
  • Acordes al nivel educativo.
  • Generar conciencia sobre las consecuencias de sus actos.
  • Desarrollar responsabilidad, aprendizajes significativos y compromiso con la comunidad educativa.
  • Otorgar la posibilidad de corregir el error, brindando un plazo prudente para que se produzca dicho aprendizaje.
  • Aportar a su formación ciudadana.

Sí, pueden construir medidas disciplinarias formativas a través de sus instancias de participación, como son: Consejo Escolar o Comité de Buena Convivencia Escolar, Centro de Padres y Apoderados, Consejo de Profesores, Centro de Alumnos, y otras instancias que proponga la escuela o liceo. Estos espacios son idóneos para reflexionar sobre el sentido de las medidas disciplinarias y proponer estrategias destinadas al desarrollo integral de los estudiantes.

Es importante recordar que una medida disciplinaria contraria a la normativa educacional, aunque esté contenida en el Reglamento Interno carecerá de validez.

Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial son estrategias que la comunidad educativa dispone en su Reglamento Interno, para formar a los estudiantes que presentan alguna dificultad socioemocional, conductual o familiar que impide su desarrollo integral.

  • Se determinan sobre la base de un diagnóstico de la situación particular del estudiante, que da cuenta de las razones que originan su dificultad.
  • Forman parte de un plan de trabajo para asegurar la continuidad, seguimiento y evaluación de las acciones específicas adoptadas; incorporando compromisos del estudiante y del establecimiento, para apoyar su avance y logro.

Estas estrategias pueden ser realizadas por:

  • Unidades educativas internas, a través de su Plan de gestión de convivencia escolar (acciones realizadas por docentes, asistentes de la educación u otros integrantes de la comunidad educativa).
  • En ocasiones estas estrategias necesitan ser realizadas por equipos multidisciplinarios o especialistas como psicólogo, trabajadores sociales, orientadores, entre otros.
  • En otras oportunidades deben ser solicitadas a instituciones externas al establecimiento como redes de apoyo, servicios de salud, Oficia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes (OPD) u otros.

La suspensión de clases de un estudiante es considerada como una medida de carácter excepcional, la cual es legítima sólo cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual para algún miembro de la comunidad educativa.
No se puede aplicar por períodos que superen los 5 días, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual período.

La medida disciplinaria de expulsión es excepcional, y no podrá aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento, salvo que se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, cumpliendo el procedimiento señalado por la normativa educacional.