¿Qué hacer si se observan situaciones de vulneración de derechos a un estudiante por parte de un adulto responsable de su cuidado?

El regreso a clases presenciales en los establecimientos del país ha permitido un reencuentro entre niños, niñas y jóvenes quienes, debido a la pandemia, tuvieron que adaptarse a las actividades remotas, donde no siempre existían los resguardos que se pueden entregar al interior de los establecimientos educacionales.

En este escenario es importante que los adultos estén atentos frente a cualquier situación que pudiese afectar o haber afectado el bienestar físico y/o psicológico de los estudiantes que integran las comunidades educativas. En este sentido, los docentes, asistentes de la educación u otros, deben estar informados sobre qué hacer en el caso de presenciar circunstancias que vulneren los derechos de los estudiantes, como, por ejemplo, gritos, malos tratos, ofensas, golpes, ausentismo escolar injustificado, no atender las necesidades básicas de los estudiantes, como aquellas referidas a la vestimenta, alimentación o salud, entre otras, que afecten su desarrollo integral.

La normativa señala que los establecimientos deben contar con un “protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes” y que el personal docente y asistente de la educación debe estar capacitado en convivencia escolar. 

 ¿Qué deben hacer los funcionarios del establecimiento si observa maltrato por parte de un adulto?

  • Se sugiere, como primer paso, informar al encargado de Convivencia de su establecimiento y/o director/a, para tomar las medidas correspondientes de acuerdo a los protocolos de actuación.
  • Realizar las acciones señaladas en los protocolos de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes.
  • Gestionar estrategias de comunicación con el estudiante y sus padres o apoderados. En estas acciones se sugiere que los participantes estén acompañados por el encargado de Convivencia y/o equipo psicosocial.
  • Implementar medidas de resguardo dirigidas al estudiante, las cuales pueden incluir apoyos pedagógicos y psicosociales que la institución pueda proporcionar, y las derivaciones a las instituciones y organismos competentes, como la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de la comuna del estudiante.

 

Considerando la gravedad de estos hechos, se debe tener en cuenta lo señalado en la Circular N° 482 de Reglamentos Internos, anexo N°6 (puntos viii y ix):

  • Los funcionarios del establecimiento tienen el deber de informar a los Tribunales de Familia de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un estudiante o párvulo, tan pronto lo advierta, a través de oficios, cartas, correos electrónicos u otros medios.
  • En este mismo sentido, cuando haya antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito, los funcionarios del establecimiento deben considerar los pasos descritos en sus protocolos, para proceder a denunciar en el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal, en un plazo máximo de 24 horas.

En este contexto es fundamental que los establecimientos educacionales capaciten a los docentes, asistentes de la educación y directivos en temáticas tanto de vulneración de derechos, como también de maltrato, acoso escolar o violencia. Esto les permitirá detectar de mejor forma estas situaciones, además de tener más herramientas al momento de enfrentar estas contingencias

 

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