¿Cómo contribuimos a la calidad educativa desde la primera infancia?

La Superintendencia de Educación dio a conocer el Primer Programa de Fiscalización en Educación Parvularia, cuyo propósito es que los establecimientos desarrollen un proceso formativo orientado a la calidad, propendan a la mejora continua y generen compromisos de cambios y reparación para velar por el cumplimiento de la normativa resguardando los derechos de niños y niñas.    

Julio 2018

Las facultades fiscalizadoras de la institución, en establecimientos desde sala cuna a segundo nivel de transición y que cuenten o no con Reconocimiento Oficial o Autorización de Funcionamiento (cuyo plazo para obtener una de estas certificaciones expira el 27 de agosto de 2019) comenzaron con el lanzamiento de este programa, el cual se sustenta en el cumplimiento de la normativa vigente.

Su objetivo principal es resguardar los derechos educacionales, intereses y valores que inciden en los procesos técnico pedagógicos y de gestión, y que propendan a la mejora continua, teniendo siempre al centro, el bienestar, la atención integral y los aprendizajes de niños y niñas, titulares de derechos.

¿Qué derechos principalmente se resguardan?

  • Integridad física, psicológica y moral de niños y niñas.
  • Educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral.

El programa de fiscalización se enfoca en cuatro factores:

  • Coeficiente Técnico: idoneidad técnica, registro de matrícula, registro de asistencia del personal.
  • Condiciones de Seguridad: idoneidad moral del personal, protocolos de accidente, plan de seguridad y sistemas de evacuación.
  • Convivencia, reglamento interno, protocolos de actuación y plan de seguridad.
  • Aspectos Sanitarios, certificaciones otorgadas por el Ministerio de Salud sobre condiciones de higiene y de funcionamiento de sala de mudas y sala de hábitos higiénicos.

Preguntas Frecuentes

La fiscalización se fundamenta en la protección de derechos, construido sobre un marco normativo sólido que promueve un conjunto de valores indispensables para la entrega del servicio educativo en el nivel parvulario. Identifica derechos de niños y niñas susceptibles de cautelar y exigir a la comunidad educativa; bienes jurídicos que trascienden a la instauración de cada norma; y, obligaciones exigibles a las entidades sostenedoras.

Constituye el tránsito desde una mirada asistencialista a una que considera al párvulo y a los demás integrantes de la comunidad educativa, como legítimos titulares de derechos. Esta idea tiene sustento en los principios fundamentales que emanan de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Chile ratifica este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, y en él se establecen cuatro principios fundamentales: no discriminación,  interés superior del niño, supervivencia, desarrollo y protección, y participación en las decisiones que les afecten.

 

 

 

  • Además del enfoque de derechos, la fiscalización enfatiza en el resguardo de las libertades educacionales, que permite a cada ser humano forjar su propia identidad derivado de las libertades de enseñanza, conciencia y opinión.
  • Busca que cada establecimiento desarrolle un proceso formativo, orientado a la calidad de los procesos y prácticas, de manera que propendan a la mejora continua, generando cambios a corto y largo plazo, a través de correcciones y compromisos de mejora.

 

  1. Buena convivencia escolar: Asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de las relaciones cotidianas entre los miembros de la comunidad educativa dentro de un marco de respeto, participación y buen trato.
  2. Adecuadas condiciones laborales: El entorno físico debe ser acorde a las funciones encomendadas y a las necesidades pedagógicas. El contexto social implicará un ambiente de respeto y dignidad, que permita un clima laboral positivo.
  3. Seguridad: Resguardar el cumplimiento de las exigencias que permiten a los párvulos desarrollar sus actividades en un ambiente óptimo, y que no presenten riesgos a la integridad de los miembros de la comunidad educativa.
  4. Salud: Garantizar un conjunto de condiciones mínimas de salubridad e higiene, de manera de asegurar los procesos de enseñanza y aprendizaje en ambientes libres de todo factor de riesgo.
  5. Calidad del aprendizaje: Propender a asegurar que todos los niños y niñas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y estándares de aprendizaje que se definan en la ley.
  6. Continuidad en la Prestación del Servicio Educativo: El servicio educativo no debe verse amenazado o interrumpido, sino por las circunstancias que la ley prevé. Sólo así se asegura que los párvulos reciban la educación comprometida, y los funcionarios mantengan sus derechos prestacionales al día.

Cada establecimiento puede determinar compromisos de acciones que permitan corregir y eliminar los incumplimientos, reduciendo de esta forma los procesos administrativos y la burocratización de los actos de fiscalización. Se busca generar mecanismos que identifiquen las causas de los incumplimientos. De existir un posible incumplimiento, el fiscalizador deberá dar a conocer y orientar al sostenedor sobre tres conceptos que se incorporan en el modelo de fiscalización: Corrección, Compromisos de Mejora y  Recomendaciones.