¿Cómo contribuimos a la calidad educativa desde la primera infancia?

La Superintendencia de Educación inició el Programa de Fiscalización del nivel de educación parvularia el año 2018, el que permitió a la institución iniciar el cumplimiento de su rol en el nivel.

Durante el año en curso están en ejecución dos programas de fiscalización: “Medidas de higiene ante el COVID 19” y “Requisitos de establecimientos de educación parvularia sin Reconocimiento Oficial o Autorización de Funcionamiento”, ambos con bases en el modelo de fiscalización con enfoque en derechos, con los cuales se espera promover un proceso de aprendizaje institucional, orientado hacia la calidad de los procesos de gestión, que propendan a la mejora continua, generando cambios a corto y largo plazo, a través de recomendaciones entregadas por el ente fiscalizador, que tiene como misión velar por el cumplimiento de la normativa que resguarda los derechos de niños y niñas, y demás integrantes de las comunidades educativas.

¿Cuál es el objetivo del programa de medidas de higiene ante el COVID 19?

Verificar que los sostenedores de establecimientos educacionales contemplen y garanticen las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, frente al retorno total a las actividades educativas presenciales.

¿Qué objetivos tiene el programa de requisitos de establecimientos de educación parvularia sin reconocimiento oficial o autorización de funcionamiento?

Verificar que los sostenedores de establecimientos del nivel de educación parvularia, que no cuentan con Reconocimiento Oficial o Autorización de Funcionamiento, y que se encuentran sujetos al periodo de adecuación, establecido en el artículo 4° transitorio de la Ley N°20.832, cumplan con las instrucciones establecidas en la Circular N°567 (2021) de la Superintendencia de Educación, específicamente en aquellas materias que favorecen la generación de ambientes bien tratantes.

 ¿Qué derechos se resguardan principalmente?

  • Respeto por la integridad física, psicológica y moral.
  • Estudiar en un ambiente de aceptación y de respeto mutuo.
  • Recibir educación que ofrezca oportunidades para la formación y desarrollo integral.
  • Recibir atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva.
  • Ser escuchados y participar del proceso educativo.
  • Ser informados.
  • Trabajar en un espacio físico adecuado.

Preguntas frecuentes

 

La fiscalización se fundamenta en la protección de derechos, construida sobre un marco normativo sólido que promueve un conjunto de valores indispensables para la entrega del servicio educativo en el nivel parvulario. Identifica derechos de niños y niñas susceptibles de cautelar y exigir a la comunidad educativa, bienes jurídicos que trascienden a la instauración de cada norma, y obligaciones exigibles a las entidades sostenedoras.

Constituye el cambio de paradigma, desde una mirada asistencialista a una que considera a cada párvulo y demás integrantes de la comunidad educativa, como legítimos titulares de derechos. Esta idea tiene sustento en los principios fundamentales que emanan de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989. Chile ratifica este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, y en él se establecen cuatro principios fundamentales: no discriminación, interés superior del niño, supervivencia, desarrollo y protección, y participación en las decisiones que les afecten.

Además del enfoque de derechos, la fiscalización enfatiza en el resguardo de las libertades educacionales, que permite a cada ser humano forjar su propia identidad derivado de las libertades de enseñanza, conciencia y opinión.

Busca que cada establecimiento, a través de su Proyecto Educativo Institucional, desarrolle su acción formativa, orientada hacia la calidad de los procesos y prácticas, de manera que propendan a la mejora continua, generando cambios a corto, mediano y largo plazo, a través de correcciones y compromisos de mejora.

 

  1. Buena convivencia escolar: Asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de las relaciones cotidianas entre los miembros de la comunidad educativa dentro de un marco de respeto, participación y buen trato.
  2. Adecuadas condiciones laborales: El entorno físico debe ser acorde a las funciones encomendadas y a las necesidades pedagógicas. Y, el contexto social implicará un ambiente de respeto y dignidad, que permita un clima laboral positivo.
  3. Seguridad: Resguardar el cumplimiento de las exigencias que permiten a los párvulos desarrollar sus actividades en un ambiente óptimo, que no represente riesgos a su integridad o a la de los demás miembros de la comunidad educativa.
  4. Salud: Garantizar un conjunto de condiciones mínimas de salubridad e higiene, de manera de asegurar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en ambientes libres de todo factor de riesgo.
  5. Calidad del aprendizaje: Propender a asegurar que todos los niños y niñas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y estándares de aprendizaje que se definan por ley.
  6. Continuidad en la prestación del servicio educativo: El servicio educativo no debe verse amenazado o interrumpido, sino por las circunstancias que la ley prevea. Sólo así, se asegura que los párvulos reciban la educación comprometida y los funcionarios mantengan sus derechos prestacionales al día.
  7. Participación: La ley promueve la interacción de los miembros de la comunidad educativa, en distintas instancias de planificación, gestión, promoción curricular y extracurricular y convivencia de los establecimientos educacionales.
  8. Acceso y permanencia en el sistema educativo: Garantiza a cada párvulo la posibilidad de ingreso al sistema educativo, de manera transparente y en igualdad de condiciones. Una vez incorporado, se asegura su continuidad, sin que se vea interrumpida de manera arbitraria o por motivos no contemplados en la normativa.
  9. Buena convivencia escolar: Dentro del establecimiento educacional, debe asegurarse un ambiente adecuado para el desarrollo de las relaciones cotidianas entre los miembros de la comunidad educativa; siempre en un marco de respeto, participación y buen trato, que permita la vinculación entre ellos y con el medio en general.

Uno de los elementos del Modelo de Fiscalización es la “Mejora Continua” orientada a que cada establecimiento educacional pueda ejecutar acciones adecuadas que permitan eliminar los incumplimientos, reduciendo de esta forma los procesos administrativos y la burocracia en general. Al mismo tiempo, se busca impulsar orientaciones que impidan que estas faltas se reiteren evitando problemas por incumplimiento en el futuro. Por lo anterior, a partir de la aplicación de las pruebas y procedimientos en la etapa original, y según las características del programa de fiscalización, en caso de encontrarse incumplimientos a la normativa vigente, quien fiscaliza deberá instruir y orientar las Acciones de Subsanación, correspondientes.