Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: importancia de la prevención

El escenario de pandemia, el aislamiento y confinamiento, han relevado el rol fundamental que realiza el establecimiento educacional en la protección y prevención de riesgos ante situaciones de abuso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, a través de la mantención de vínculos, la comunicación y las redes de apoyo por medio del contacto con docentes y pares. Esto, tanto en sus hogares como en el entorno virtual, donde los agresores pueden aprovechar la vulnerabilidad de los espacios digitales para cometer este tipo de delitos contra víctimas menores de edad.

La protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y la adopción de medidas preventivas ante toda forma de abuso o explotación en su contra, encuentra su fundamento en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Art. 19 y 34), y en el derecho que tienen los y las estudiantes y párvulos a que se respete su integridad física y psicológica conforme al artículo 10 de la Ley General de Educación.

La institución escolar cumple un rol fundamental en la prevención de todo tipo de abuso, en el sentido de educar a los niños, niñas y adolescentes en el autocuidado de su bienestar integral, la valoración de su cuerpo, salud, vida y dignidad.

En este ámbito, el establecimiento debe fortalecer su Reglamento Interno, revisando a profundidad las circulares N°860 y N°482 emitidas por la Superintendencia de Educación para los niveles de educación parvularia, básica y media respectivamente, para desarrollar estrategias y acciones con la comunidad educativa, y ajustar su contenido a las disposiciones de dichas circulares, aplicando el protocolo correspondiente para actuar de forma preventiva en el resguardo de los educandos, de manera permanente y oportuna, ante diversos factores de riesgo relacionados con situaciones de abuso sexual infantil y adolescente.

Al respecto, la circular N°482 señala que, para efectos de la normativa educacional, constituyen agresiones de carácter sexual aquellas acciones proferidas a un miembro de la comunidad educativa por uno de sus integrantes o un tercero, sin el consentimiento del o la afectada, que se materialicen por cualquier medio, incluso digitales, como internet, celulares, redes sociales, entre otras, dentro o fuera del establecimiento educacional y que le provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la intervención del establecimiento.

En este sentido, Mineduc, en las orientaciones que proporciona a los establecimientos para la elaboración del protocolo de actuación frente a este tipo de situaciones  señala que un aspecto esencial es no confundir la responsabilidad que tiene el establecimiento educacional con la de los organismos especializados, en este sentido, indica que la función de los establecimientos no es investigar el delito ni recopilar pruebas sobre los hechos, sino actuar oportunamente, acorde a la normativa educacional vigente y al Reglamento Interno del establecimiento.

 

¿Qué orientaciones debe implementar el establecimiento para la prevención del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes?

  • Contar en el Reglamento Interno con un protocolo de actuación frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual.
  • Incorporar en su Reglamento Interno estrategias de capacitación en la materia.
  • Fomentar el autocuidado y la identificación de riesgos, proporcionando información acorde a las particularidades de la edad, el nivel y modalidad educativa.
  • Brindar acompañamiento a los estudiantes que se encuentran en riesgo, que hayan sufrido o participado en el acto de violencia.
  • Promover un clima de acogida y confianza con niños, niñas y adolescentes para que puedan comunicar sus preocupaciones, problemas y emociones oportunamente.
  • Respetar su silencio y su ritmo para que compartan su experiencia, no insistir, ni exigirle.
  • Mantener la atención a los estados y conductas psicológicas del estudiante, para la detección temprana de este tipo de situaciones.
  • Indicar las redes de apoyo y/o derivación a las cuales recurrir en caso de ser necesario. Esta información debe estar disponible para toda la comunidad educativa.
  • No es función de los profesionales de la educación investigar o diagnosticar estas situaciones, pero sí estar alertas y actuar oportunamente, derivando a centros especializados y/o efectuando la denuncia correspondiente, según el protocolo de actuación y Reglamento Interno del establecimiento.

 

Los establecimientos pueden integrar estas y otras estrategias en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar y el Plan de Mejoramiento Educativo (PME).

 

Este protocolo se encuentra regulado en la Circular N°482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos en establecimientos educacionales de enseñanza de básica y media con reconocimiento oficial del Estado y la Circular N°860 que imparte instrucciones sobre reglamento interno de establecimientos educacionales parvularios, ambas de la Superintendencia de Educación. En consecuencia, su regulación es obligatoria y vinculante para los sostenedores del sistema educativo.

Dicho protocolo tiene como objetivo indagar sobre los hechos ocurridos solo con el fin de adoptar las medidas de protección respecto de estudiantes que pudieran verse afectados y deberá regular, a lo menos, los siguientes aspectos:

  • Todas las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias de agresiones sexuales o situaciones relacionadas con hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes.
  • Las personas responsables de implementar el protocolo y realizar las acciones y medidas que se dispongan en él.
  • Los plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos ocurridos.
  • Las medidas o acciones que involucren a los padres, apoderados o adultos responsables de los estudiantes afectados y la forma de comunicación con estos, en caso de ser necesario.
  • Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados, las que deben incluir los apoyos pedagógicos y psicosociales que la institución pueda proporcionar, y las derivaciones a las instituciones y organismos competentes.
  • La obligación de resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados en todo momento, permitiendo que se encuentren siempre acompañados, si es necesario por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlos o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la victimización secundaria.
  • Las medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a los estudiantes que estén involucrados en los hechos. Estas medidas se deben adoptar teniendo en consideración la edad y el grado de madurez, así como el desarrollo emocional y las características personales de los estudiantes involucrados. Asimismo, en la aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del niño y el principio de proporcionalidad y gradualidad.
  • Cuando existan adultos involucrados en los hechos, el protocolo debe establecer medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad de los estudiantes, las que deberán ser aplicadas conforme la gravedad del caso. Entre estas medidas se contemplan: la separación del eventual responsable de la función directa con los estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras labores o funciones fuera del aula y/o derivar al afectado y su familia a algún organismo de la red que pueda hacerse cargo de la intervención. Las disposiciones del Reglamento Interno deberán ser consistentes con la regulación que exista en el Reglamento de Higiene y Seguridad del establecimiento, especialmente en lo referido a obligaciones y prohibiciones a las que están sujetas los trabajadores y las sanciones que podrán aplicarse por la infracción a estas.
  • La obligación de resguardar la identidad del acusado o acusada, o de quien aparece como involucrado en los hechos denunciados, hasta que la investigación se encuentre afinada y se tenga claridad respecto del responsable.
  • Las vías que utilizará el establecimiento para mantener debidamente informada a la familia del afectado y a la comunidad escolar sobre los hechos acontecidos y su seguimiento.
  • El procedimiento conforme al cual los funcionarios del establecimiento cumplirán con la obligación de denunciar al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal, cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento educativo, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho.

En la elaboración de este protocolo se deben observar las orientaciones sobre maltrato, acoso, abuso sexual y estupro en establecimientos educacionales entregadas por el Ministerio de Educación, a través del área de Convivencia Escolar, en el sentido de destacar como consideración primordial el resguardo del interés superior del niño, niña o adolescente.

Cabe señalar que los establecimientos tienen la obligación de incorporar en el Reglamento Interno estrategias de información y capacitación para prevenir hechos de connotación sexual y agresiones sexuales que pudiesen ocurrir dentro del contexto educativo, que atenten contra la integridad física y psicológica de los niños, niñas y jóvenes.

Existe un registro de inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores de edad. Este hace referencia a personas que, habiendo sido condenadas por causas de violación, abuso sexual, actos de connotación sexual, producción de pornografía, sustracción de menores, robo con violencia o intimidación y estupro, entre otros delitos, no podrán desempeñarse en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con niños, niñas y adolescentes.

En este sentido es importante estar informado sobre los siguientes aspectos:

  • La Ley N°20.594 que establece este registro de inhabilidades.
  • Todo establecimiento educacional público o privado, que requiera contratar a una persona para una actividad relacionada con niños, niñas y adolescentes, debe consultar previamente este registro.
  • Los establecimientos educacionales deben mantener una nómina anual de todos sus trabajadores y contar con una copia impresa del certificado correspondiente a la última verificación de este registro de inhabilidades. Dicho documento deberá mantenerse a disposición de la Superintendencia de Educación.
  • El Servicio de Registro Civil e Identificación ofrece a quienes requieren contratar a una persona para un empleo o cargo que involucre una relación directa y habitual con menores de edad, o fines similares un sistema de consulta en línea sobre personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad.