Atención Ciudadana

La Superintendencia de Educación tiene implementado el Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) con el propósito de atender los requerimientos de la ciudadanía mediante procesos eficientes y transparentes. Por otra parte el SIAC busca informar y promover información relevante respeto de la normativa educacional vigente basada en el enfoque de derechos. A continuación se presentan los diferentes requerimientos que usted puede ingresar y solicitar a la Superintendencia de Educación:

Solicitudes a Supereduc

Preguntas frecuentes

Admisión

No. Los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado no pueden establecer como requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante, tales como nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres, madres y apoderados.
No. Los procesos de admisión de alumnos deben ser objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus familias, de conformidad con las garantías establecidas en la Constitución y en los tratados suscritos y ratificados por Chile.
Los establecimientos deberán informar, en los casos que corresponda:
  1. Número de vacantes ofrecidas en cada nivel.
  2. Criterios generales de admisión.
  3. Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados.
  4. Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar.
  5. Tipos de pruebas a los que serán sometidos los postulantes.
  6. Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso.
  7. Proyecto Educativo.
No, este tipo de solicitud y prácticas contravienen abiertamente la normativa educacional en sus procesos de admisión.
No. Realizado un proceso de admisión, el establecimiento debe publicar en un lugar visible y opcionalmente en un medio electrónico la lista de los alumnos admitidos.
No, este tipo de solicitud y prácticas contravienen abiertamente la normativa educacional en sus procesos de admisión.
No. Los procesos de admisión de los alumnos deberán ser objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus familias, de conformidad a las garantías establecidas en la Constitución y en los tratados suscritos y ratificados por Chile. En este sentido cabe señalar que es una práctica que contraviene la normativa educacional que en los procesos de admisión de los estudiantes se exijan antecedentes médicos, oftalmológicos, audiométricos, psiquiátricos, psicológicos, neurológicos y psicopedagógicos, para detectar el estado de salud o discapacidad de los estudiantes, salvo en los casos que normativa educacional expresamente lo permita.
No. Los alumnos que tienen condición de alumno prioritario en establecimientos con convenio de Subvención Escolar Preferencial (SEP) no pueden ser objeto de cobro obligatorio alguno que condicione la postulación, ingreso o permanencia en ese tipo de establecimiento.
Los procesos de admisión de alumnos y alumnas deberán ser objetivos y transparentes, publicados en medios electrónicos, en folletos o murales públicos.
Si un estudiante es afectado directamente por una acción u omisión que constituya discriminación arbitraria en el ámbito educacional, podrá denunciar esta situación ante la Superintendencia de Educación y, además, demandar ante el juez de letras correspondiente, a través del medio definido en la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación.

Nuevo Proceso de Admisión

No. El nuevo proceso de admisión se implementará de manera gradual en todo el país a contar del año 2016, empezando por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena en el menor nivel o curso que tengan los establecimientos de dicha región. El año 2019 todos los escuelas y liceos subvencionados del país tendrán implementado el nuevo sistema de admisión.
El nuevo proceso de admisión de los estudiantes se aplicará a aquellos establecimientos que reciben subvención o aportes del Estado
El nuevo proceso de admisión comprende una etapa de postulación y otra de admisión propiamente tal.
La etapa de postulación se realizará directamente en los establecimientos de preferencia de los padres, madres o apoderados a través de un registro que pondrá a disposición del público el Ministerio de Educación, o también por internet mediante la página que se habilitará para estos efectos.
Sí. Los padres, madres y apoderados pueden postular a más de un establecimiento, pudiendo hacerlo en cualquiera de los lugares de postulación y deberán manifestar el orden de su preferencia en el registro que pondrá a disposición el Ministerio de Educación. Será condición necesaria para proceder a la postulación la adhesión y compromiso expreso por parte del padre, madre o apoderado al proyecto educativo declarado por el establecimiento y a su reglamento interno.
Sólo en los casos de que los cupos disponibles sean menores al número de postulantes, los establecimientos educacionales deberán aplicar un procedimiento de admisión aleatorio definido por éstos, de entre los mecanismos que ponga a su disposición el Ministerio de Educación, que deberán ser objetivos y transparentes.
Los criterios de prioridad que se establecen en el nuevo proceso de admisión, en orden sucesivo, son los siguientes:
  • Existencia de hermanas o hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el mismo establecimiento.
  • Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios.
  • La condición de hijo o hija de un profesor o profesora, asistente de la educación, manipulador o manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador o trabajadora que preste servicios permanentes en el establecimiento.
  • La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento al que se postula, salvo que el postulante hubiere sido expulsado con anterioridad del mismo.
Si durante el proceso de revisión de las listas de admisión de los establecimientos, el Ministerio de Educación constata que un postulante no hubiere sido admitido en ninguna de las opciones escogidas, procederá a registrar a dicho estudiante en el establecimiento más cercano a su domicilio que cuente con cupos disponibles, salvo que hubiere sido expulsado de dicho colegio, caso en el cual será registrado en el siguiente más cercano a su domicilio, y así sucesivamente. Con todo, los padres, madres o apoderados que se encuentren en esta situación siempre podrán solicitar a la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente que informe sobre los establecimientos que cuenten con cupos disponibles, debiendo postular directamente en dichas escuelas y/o liceos.
Finalizado el procedimiento aleatorio el Ministerio de Educación enviará a los establecimientos sus listas de admisión finales para efectos que éstos comuniquen a los padres, madres y apoderados de la aceptación de los postulantes. En dicha comunicación se establecerá el plazo que tienen para manifestar su aceptación y matricular a los postulantes.
En caso de que los padres, madres o apoderados no hayan participado en los procesos de postulación, por cualquier causa, podrán solicitar a la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente que informe sobre los establecimientos que cuenten con cupos disponibles. Los padres, madres y apoderados deberán postular directamente en dichos liceos.
El Ministerio de Educación excepcionalmente autorizará para establecer procedimientos especiales de admisión, a partir de 7º año de la educación general básica o el equivalente que determine la ley, a aquellos establecimientos cuyos proyectos educativos tengan por objeto principal desarrollar aptitudes que requieran una especialización temprana, o en casos donde los proyectos educativos sean de especial o alta exigencia académica, siempre y cuando acrediten diversos requisitos contenidos en la normativa educacional.
El nuevo proceso de admisión no será aplicable a los establecimientos de educación especial diferencial ni a los establecimientos regulares con proyectos de integración escolar, respecto a sus cupos para niños integrados. Dichos establecimientos, respecto a los estudiantes con necesidades educativas especiales, tendrán un procedimiento de admisión determinado por ellos, el cual será desarrollado por cada establecimiento.
Aquellos establecimientos educacionales que cumplan con características históricas, de rendimiento académico destacado dentro de su región, que sean gratuitos, que presenten una demanda considerablemente mayor a sus vacantes y que hayan establecido procedimientos de selección académica a la fecha de publicación de la ley de inclusión (año 2015), iniciarán sus procesos de admisión, de acuerdo a la gradualidad territorial definida para la entrada en vigencia del nuevo proceso de admisión y podrán admitir a sus estudiantes realizando pruebas de admisión de acuerdo a los siguientes porcentajes:
  • El primer año para el 85% de sus cupos.
  • El segundo año para el 70% de los cupos.
  • El tercer año para el 50% de los cupos.
  • El cuarto año para el 30% de los cupos.
  • El quinto año no se podrán realizar pruebas de admisión.
Lo señalado anteriormente, no podrá aplicarse hasta sexto año de educación básica inclusive.

Cobros

Sólo aquellos establecimientos que se mantengan en el régimen de financiamiento compartido durante el año 2016, podrán cobrar como máximo un monto de $ 3.500 pesos
Los padres, madres o apoderados podrán pagar el total del monto máximo establecido o establecer convenios con la dirección de la escuela o liceo para pagar hasta en 3 cuotas este derecho.
Ningún establecimiento subvencionado o que reciba aportes del Estado, puede cobrar matrícula a los estudiantes de Enseñanza Parvularia y Básica.
Estos alumnos no pueden ser objeto de cobro alguno.
El monto de las cuotas del Centro de Padres debe ser aprobado por el Consejo de Delegados de Curso. En los establecimientos subvencionados (municipales y particulares) su pago es voluntario y su valor no puede exceder a 0,5 UTM anuales, y puede ser pactado en hasta diez cuotas iguales y sucesivas
Los establecimientos que continúen con financiamiento compartido durante el año escolar 2016, pueden cobrar una cuota que no exceda el cobro mensual por alumno correspondiente al año escolar 2015. Esta cuota, debe ser igual al monto en UF que el establecimiento cobró el 1 de agosto de 2015, actualizado en pesos considerando el valor de UF el 1 de marzo del año 2016.
Actualmente existe un número de colegios que ya se encuentran adheridos a la gratuidad escolar. Sin embargo, en otros establecimientos el fin del copago dependerá del monto de la mensualidad. La ley establece un proceso gradual para que los colegios se conviertan en gratuitos, es decir a mayor aporte del Estado, menor aporte de las familias.
Los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, se les asigna cada año una subvención de apoyo al mantenimiento. Por lo tanto, solicitar materiales de construcción o mantención o su equivalente en dinero, no está permitido, en tanto, el Estado provee de una subvención al establecimiento para su mantención.

Expulsión y Cancelación de Matrícula

La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas medidas sólo podrán aplicarse cuando:
  • Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además
  • Afecten gravemente la convivencia escolar, o
  • Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.
En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, deberá: 1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones 2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno. Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento:
  1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el Director del establecimiento.
  2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado.
  3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante el Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.
  4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes.
  5. El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley.
Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que:
  • Deriven de su situación socioeconómica.
  • Deriven del rendimiento académico, o
  • Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios.
A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. En caso de que un estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto del artículo 11 del DFL N°2/2009, del Ministerio de Educación.
Ver aquí infografía del procedimiento
No, la expulsión es la interrupción abrupta e inmediata del proceso de aprendizaje donde el estudiante queda sin escolaridad (hasta que se matricule en otro establecimiento). Por su parte, la cancelación de matrícula o no renovación de matrícula, se hace efectiva al término del año escolar, es decir, el estudiante pierde su matrícula en el establecimiento para el año siguiente.
 
No, es labor fundamental del establecimiento fortalecer la sana convivencia escolar, impulsando medidas preventivas y pedagógicas. La expulsión es una medida excepcional y constituye el último recurso que se pudiera aplicar luego de agotar todas las instancias de diálogo y formación del niño, niñas y/o adolescente.
 
Toda medida disciplinaria, en especial las más graves como la expulsión o cancelación de matrícula, debe respetar los derechos de todos los estudiantes y garantizar un justo y racional proceso, esto significa que antes de la aplicación de la sanción el estudiante y su apoderado tienen derecho a defensa, a ser oído y, en última instancia, a una instancia de apelación. Si eventualmente no se ha respetado lo anteriormente mencionado, el apoderado puede formalizar una denuncia en www.denuncias.supereduc.cl o en forma presencial en las respectivas oficinas regionales de la Superintendencia de Educación (ver listado aquí ). Una vez que entre en vigencia la Ley de Inclusión el 1° de marzo de 2016, las sanciones de expulsión que apliquen los establecimientos serán revisadas por la Superintendencia de Educación para asegurar a los estudiantes el respeto de las garantías que la ley establece.

Suspensión de Clases

La Ley General de Educación, establece que los estudiantes tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna. Bajo este contexto, los establecimientos deben contar con medidas pedagógicas que aborden los casos de necesidades especiales. Además, las escuelas deben, según establece la ley, aplicar evaluación diferenciada a todos aquellos estudiantes que lo requirieran y su necesidad esté debidamente fundamentada. La normativa educacional, no avala la exclusión total o parcial de un estudiante que presente este tipo de necesidades, por cuanto esta práctica constituye un acto discriminatorio.
 
No, el déficit atencional, la hiperactividad o cualquier otra necesidad educativa especial (NEE) que presente un estudiante no es fundamento para aplicar una medida disciplinaria arbitraria. Lo anterior, no exime al estudiante de su responsabilidad de cumplir con las normas del manual de convivencia de su establecimiento. Lo importante, es que la escuela considere que el alumno (a) puede presentar ciertas dificultades que interfieran en el logro del cumplimiento de dichas normas de disciplina
 
No, el proceso de apoyo y trabajo con un estudiante que presente una necesidad educativa especial se debe realizar en conjunto entre la familia y la escuela, y en ningún caso la visita a un especialista debe ser un requisito que condicione su matrícula, ya que de ser así, constituye una discriminación arbitraria que se encuentra prohibida y debidamente sancionada por la Ley General de Educación
 
El establecimiento puede definir medidas para los estudiantes que llegan atrasados, pero éstas, necesariamente, deben tener un sentido formativo y ser aplicadas al interior de la escuela. Las medidas disciplinarias deben estar contenidas en el reglamento interno de convivencia. Cuando el establecimiento determina una medida deberá garantizar el debido proceso, es decir, el derecho a defensa, a ser oído y a una instancia de apelación, entre otros.
 
No, ningún alumno puede ser devuelto a su hogar como medida disciplinaria. Esta medida representa un riesgo para la integridad física y psicológica del estudiante. El establecimiento es responsable del cuidado y protección de todos sus alumnos (as) y debe contar con medidas formativas, con el objetivo de fomentar la reflexión de los estudiantes en torno a la falta.
 
No, en ningún caso se puede prohibir el ingreso a la escuela o excluir de clases a un estudiante por no cumplir con el uniforme escolar. El director del establecimiento siempre tiene la facultad de eximir a los estudiantes que por situaciones especiales no puedan asistir con el uniforme establecido en el reglamento interno.
 
Desde el punto de vista pedagógico, la suspensión de clases es considerada como una medida extrema y de carácter excepcional. La suspensión se puede extender hasta por un plazo máximo de 5 días hábiles, renovables por igual periodo en casos debidamente fundamentados.
 
La suspensión de clases es una medida extrema y de carácter excepcional, la cual se puede extender hasta por un plazo máximo de 5 días hábiles, renovables por igual periodo en casos debidamente fundamentados. La suspensión indefinida sólo se podrá aplicar excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá ser debidamente acreditado.
 

Cancelación o no renovación de matrícula

Los actos o dichos del padre, madre y/o apoderado no deben afectar la permanencia de su hijo en el establecimiento Las medidas disciplinarias que se apliquen respecto de un adulto, solo lo pueden afectar a él en su condición de tal, y se deben aplicar después de agotar las instancias de diálogo necesarias y siempre deben estar relacionadas con el eventual incumplimiento al reglamento interno. El apoderado, padre o madre que infrinja las normas de convivencia y disciplina, responderá de acuerdo a lo que establezca dicho reglamento interno.
 
Todas las medidas disciplinarias que defina un establecimiento deben estar incorporadas en el reglamento interno y de acuerdo al principio de gradualidad, es decir, su aplicación debe ser de menor a mayor gravedad. Estas medidas podrán ser desde el ámbito pedagógico hasta la cancelación de la matrícula.
 
Toda medida disciplinaria debe considerar el debido proceso, por lo tanto, el alumno afectado, su apoderado, padre o madre podrá solicitar la revisión de la cancelación de matrícula a través de la instancia de la apelación que deberá estar definida en el reglamento interno del establecimiento.
 

Graduación y Giras de Estudio

Las medidas disciplinarias deben estar contenidas en el Reglamento Interno y ser aplicadas conforme a un debido proceso. En ningún caso la suspensión de la graduación se podrá aplicar en base a criterios discriminatorios.
 
No, en el caso específico de la suspensión de graduación a alumnas madres y embarazadas, el Decreto Nº79/ 2004 establece que “Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en la que participen los demás alumnos y alumnas”.
 
La Ley General de Educación establece que el no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado, no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar.
 

Seguridad en la escuela

La normativa educacional señala explícitamente que el sostenedor, personal directivo, docentes y asistentes de la educación son los responsables de la seguridad de los estudiantes, mientras se encuentren durante el horario de la jornada escolar dentro del establecimiento o en actividades extra programáticas.
 
Los establecimientos deben tener la estructura de los pisos, muros, cielos y la techumbre en buen estado, de modo que cumplan con el objeto de su diseño y construcción, no presenten riesgos y garanticen la seguridad de todos los integrantes de la comunidad escolar. El cumplimiento de estas exigencias permite a los estudiantes desarrollar sus actividades escolares en un ambiente óptimo para enfrentar las adversidades del tiempo.
Todos los espacios escolares, excluidos servicios higiénicos y patios, deben cumplir con una temperatura mínima, las que deberán lograrse- idealmente- mediante estrategias pasivas, o en su defecto con sistemas de refrigeración y/o calefacción, con ductos de evacuación de gases al exterior y provisto de elementos de protección contra las quemaduras. Las temperaturas son: Educación Parvularia: la temperatura mínima exigible es de 15°C, desde Buin (RM) hasta Región de Magallanes. Hacia el norte de la zona señalada, la ley exige mantener esta temperatura sólo a establecimientos de párvulos que se encuentren en zona andina, es decir 3.000 mt de altura. Educación Básica y media: la temperatura mínima exigible es de 12°C, desde Chillán (Región de Bío-Bío) hasta Región de Magallanes. Hacia el norte la ley exige sólo a las que se encuentren en zona andina, es decir 3.000 mt de altura.
Las escuelas y liceos deben elaborar un plan Integral de seguridad Escolar (PISE), el cual debe estar contenido en el Reglamento Interno, y debe contener actividades de prevención de riesgos de acuerdo a los peligros existentes en la realidad específica de cada establecimiento. En apoyo al fortalecimiento de las medidas de seguridad en general todos los colegios deben contar con señalética visible, salidas de emergencia en buen estado y claramente identificadas, extintores cargados, botiquín, enfermería o primeros auxilios.
La normativa establece que las escuelas y liceos debe acreditar que el inmueble cumple con los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, acompañando al efecto el certificado de recepción definitiva o parcial extendido por la Dirección General de Obras Municipales de la comuna en que se ubica el establecimiento educacional, o por la autoridad que corresponda en las comunas que no cuenten con dicha Dirección.
El patio es un espacio común de esparcimiento, donde los estudiantes pueden desarrollar sus actividades en forma segura, por ello no deben existir elementos que representen situaciones de riesgo para la comunidad escolar, como por ejemplo: pozos, desniveles, escombros, acumulación de agua, entre otros.
Los cursos podrán tener un máximo de 45 alumnos por curso, si el metraje de la sala lo permite en consideración a que cada estudiante debe disponer de un espacio mínimo de 1.10 m2 / alumno.
 

Accidentes Escolares

Todas las actividades educativas y recreativas que se desarrollen en los distintos espacios educativos (sala de clases, gimnasios, laboratorios, bibliotecas, patios, entre otros) deben estar bajo la supervisión de un docente o asistente de la educación.
 
Las escuelas y liceos deben contar con un protocolo de actuación específico para casos de accidentes, el cual debe considerar a lo menos: - Oportunidad en que el Directo(a) del establecimiento levantará el acta del seguro escolar. - La identificación del centro asistencial más cercano y redes de atención en general. - La identificación de los estudiantes que cuenten con seguro privado de atención. - La identificación del o los responsables de trasladar al estudiante al centro asistencial si fuere necesario. - La identificación del encargado de comunicar a los padres o apoderados la ocurrencia del accidente, para lo cual deberá mantener un registro actualizado de datos de contacto. - Es fundamental que dicho protocolo sea aplicado tal como lo indica su estructura, con la finalidad de evitar decisiones equívocas, según sea la gravedad del accidente.

Infraestructura Deportiva

El establecimiento tiene el deber de comunicar sobre el uso responsable y correcto de los elementos y accesorios deportivos, además de los riesgos que implica una indebida utilización de éstos. Por otra parte, se deben realizar revisiones periódicas del estado de la infraestructura e implementos deportivos para evitar situaciones que impliquen un riesgo para los estudiantes.
 
La clase de educación física se debe desarrollar en el espacio adecuado para el libre desplazamiento de los alumnos. Lo que respecta a los arcos de fútbol e implementos similares, los establecimientos deben elegir un mecanismo para fijarlos al suelo, de manera de evitar su volcamiento, además deben prohibir que los estudiantes trepen, se cuelguen o trasladen estos implementos, por la alta probabilidad de accidente que implica dicha acción.
 
En los camarines de los establecimientos se ubican las duchas, y debe contar con el espacio suficiente para ser destinado a vestidor, disponiendo en ese lugar de percheros y/o casilleros guardarropas. Además las duchas deben estar completas y en buen estado de funcionamientos. Deben ser suficientes para atender la matrícula del establecimiento se deben mantener higienizados y sanitizados, logrando siempre las condiciones de higiene y salubridad.

Útiles Escolares

Si por razones económicas la familia no puede adquirir los útiles o materiales solicitados, es importante considerar que los niños, niñas, adolescentes y adultos más vulnerables, que pertenecen al primer, segundo y tercer quintil de ingreso, tienen derecho a recibir a través de la JUNAEB, un set de útiles escolares, distribuido directamente en sus establecimientos educacionales durante el primer trimestre del año.
El Decreto Supremo N°53 del año 2011 del Ministerio de Educación establece los elementos de enseñanza y material didácticos mínimos con que deben contar los establecimientos. Sin embargo, en acuerdo con los apoderados, el colegio o escuela podría solicitar algún material didáctico de apoyo, pero este no puede constituir una obligatoriedad.
No, los establecimientos no deben obligar o inducir la compra de determinadas marcas de útiles escolares. Sólo en forma excepcional, cuando existan razones de carácter pedagógico, sanitario o de otro orden debidamente acreditables, los establecimientos podrán recomendar (nunca obligar) determinadas marcas de productos.
No, las listas de útiles escolares no pueden contener materiales que son de responsabilidad del sostenedor adquirir, tales como: útiles de aseo y artículos de oficina, constituyendo una exigencia indebida su obligatoriedad, lo cual vulnera la normativa educacional.
No, está prohibido el uso de los adhesivos tóxicos que contengan alguna sustancia nociva, incluida la silicona líquida, en atención a que estos productos ponen en riesgo la salud de los alumnos.
Los docentes y autoridades del establecimiento educacional no pueden limitar el ingreso a clases y la participación en actividades escolares. Tampoco pueden aplicar una medida disciplinaria a un estudiante, por no contar con determinados útiles escolares.

Textos Escolares

Sí, los establecimientos educacionales subvencionados o con aporte del estado (particulares subvencionados y municipales) deben recibir los textos escolares para docentes y estudiantes luego que el director del establecimiento firma el Acta de Compromiso .Un colegio puede rechazar la entrega de los textos escolares, sin embargo dicha decisión debe estar fundamentada y se debe informar a los centros de padres y apoderados.
La distribución oportuna e íntegra de los textos escolares, es fiscalizada por la Superintendencia de Educación. La no entrega de estos textos en las condiciones acordadas entre el MINEDUC y el establecimiento puede constituir una infracción a la normativa educacional.
Todos los estudiantes y profesores de los establecimientos educacionales subvencionados de Chile tienen derecho a recibir textos de estudio o guía didáctica respectivamente, en forma totalmente gratuita, de acuerdo a su nivel de aprendizaje y materia de enseñanza, transformándose en propietarios de estos. Si el estudiante se cambia de colegio tiene derecho a llevar consigo sus textos escolares.
Sí, los establecimientos educacionales subvencionados pueden solicitar textos escolares complementarios a los textos que el Ministerio de Educación entrega de forma gratuita, siempre que ello esté justificado pedagógicamente y se informe oportunamente a los Centros de Padres y Apoderados. Sin embargo, la adquisición de los textos complementarios es voluntaria, debiendo el establecimiento educacional flexibilizar y adecuar la actividad pedagógica que la requiera, de manera que la falta de este material no constituya un obstáculo para el éxito del proceso de enseñanza de los niños, niñas y jóvenes. Asimismo, en ningún caso se puede limitar el acceso y permanencia durante la trayectoria escolar por no contar con estos textos complementarios.
No, por ningún motivo el colegio podrá incluir en su reglamento de convivencia escolar medidas disciplinarias a un estudiante referidas a la exclusión total o parcial de la jornada escolar o de una determina clase, por no presentarse con su texto de estudios o por no adquirir el texto complementario. .

Uniformes Escolares

No. Uno de los objetivos de la Ley de Inclusión es eliminar toda forma de discriminación arbitraria que vulnere el derecho de los estudiantes a acceder, participar y permanecer en su establecimiento educativo, sin embargo, los establecimientos pueden regular la presentación personal y el uso del uniforme en sus Reglamentos Internos, pero en ningún caso pueden establecer medidas que impliquen la exclusión o marginación del estudiante de sus actividades escolares por no contar con el uniforme escolar.
Sí. Cada establecimiento, junto a su comunidad educativa, puede establecer el uso obligatorio del uniforme y regular la presentación personal de los estudiantes en sus Reglamentos Internos en coherencia con su Proyecto Educativo. Las familias deben conocer y adherirse al Proyecto Educativo del establecimiento que han elegido para sus hijos y respetar lo estipulado en el Reglamento Interno. Sin embargo, estas disposiciones nunca podrán implicar una discriminación arbitraria que pudiera afectar la dignidad de los estudiantes o excluirlos de las actividades escolares por no cumplir con las exigencias establecidas para la presentación personal.
Los padres, madres y apoderados, antes de matricular a sus hijos se deben informar acerca del Proyecto Educativo del colegio, de tal forma que elijan libremente el establecimiento en el cual desean educar a sus hijos o hijas. Las familias deben buscar Proyectos Educativos acordes a sus valores y visiones.  
Si. La normativa educacional establece que los colegios pueden definir como obligatorio el uso de uniforme escolar, considerando los siguientes aspectos:
  • Las normas sobre su uso deben estar señaladas en el Reglamento interno y acordadas con toda la comunidad educativa.
  • Se pueden comprar en el lugar que más se ajuste al presupuesto familiar.
  • No es obligación adquirirlos en una tienda o proveedor específico.
  • No se pueden exigir marcas.
  • Si el estudiante no puede adquirir o usar el uniforme, el director (a) tiene la facultad de eximirlo temporalmente.
  • Si un estudiante no cuenta con uniforme escolar no puede ser excluido de las actividades educativas.
No. El derecho a la educación es un bien superior y no puede ser limitado o condicionado por la falta de alguna prenda del uniforme o la totalidad de él o por la presentación personal de los estudiantes. Si bien el reglamento interno puede regular la apariencia personal y el uso del uniforme, estableciendo medidas para el caso de incumplimiento, ninguna de éstas puede significar la exclusión o marginación del estudiante de sus actividades educativas. En definitiva el establecimiento no podrá devolver a los estudiantes a sus casas y no podrá dejarlo fuera de una determinada clase o actividad (mandarlo a inspectoría, a la biblioteca, etc.).
Sí. Si bien los establecimientos no pueden excluir de clases a los estudiantes por aspectos de vinculados a la presentación personal o al uso del uniforme, podrán establecer otro tipo de medidas que estimen pertinentes. El cumplimiento de las normas en general y las de presentación personal, en particular, requieren de un real compromiso de las familias y estudiantes. Por lo tanto, las medidas disciplinarias que tome el colegio deben considerar el diálogo, la reflexión y la argumentación para que se entienda el sentido que tiene la norma para el proceso educativo.
Este tipo de situaciones va más allá de la presentación personal. En este caso, es un problema de convivencia escolar, pues el estudiante busca generar conflictos con la comunidad educativa. Si estos mensajes son ofensivos o descalificatorios para la comunidad, podría ser un caso de maltrato o violencia psicológica, por lo cual, el establecimiento podría tomar otras medidas, puesto que dichas situaciones se enmarcan en otro contexto que va más allá de la presentación personal. Lo importante será buscar la resolución del conflicto, con medidas formativas, involucrando a la familia y saber las razones del estudiante, pero no enfocarse en el tema de la polera que es sólo la manifestación de un tema que puede ser más profundo.
En caso que el uso del uniforme sea obligatorio, los directores de los establecimientos educacionales por razones de excepción y debidamente justificadas por los padres o apoderados, podrán eximir a los estudiantes del uso de total o parcial del uniforme escolar por un periodo de tiempo determinado.
No, en ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá ser sancionado con la prohibición de ingresar o permanecer en el establecimiento educacional.
Los padres y apoderados tienen derecho a adquirir uniformes y útiles escolares en cualquier tienda o fábrica, y no pueden ser obligados o inducidos a comprarlos a un proveedor determinado por el establecimiento educacional. La Superintendencia de Educación, acogerá las denuncias que puedan afectar el derecho a la libre elección de los padres y apoderados para ser derivadas a la Fiscalía Nacional Económica, entidad que investigará la denuncia, conforme lo dispone el Decreto Ley N°211 del año 1974 sobre Libre Competencia.
El uniforme de Educación Física es regulado según lo establecido en el reglamento interno de convivencia, sin embargo, no se puede prohibir el ingreso a clases por falta total o parcial de este tipo de vestimenta. Los alumnos y alumnas que por situaciones especiales no puedan contar con el uniforme establecido en el Reglamento Interno podrán ser autorizados por el director o directora del establecimiento a no usar obligatoriamente mientras regularizan la situación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Decreto N°215/2009.

Participación

Es importante que padres, madres y apoderados:
  • Se pongan de acuerdo sobre cómo se organizarán para que la participación en la escuela sea provechosa, efectiva y fructífera.
  • No dispongan del espacio escolar como un lugar de divisiones o enfrentamiento en caso de problemas relacionales entre ellos.
  • Cumplan con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional.
  • Se informen, respeten y contribuyan a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento
  • Respeten la normativa interna del establecimiento y brinden un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa.
Los padres, madres o apoderados tienen derecho a:
    1. Asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos.
    2. Ser informados por el sostenedor, directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del establecimiento.
    3. Ser escuchados.
    4. Participar del proceso educativo, en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo, en conformidad a la normativa interna del establecimiento.
El derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos, y los derechos de éstos a asociarse, ser informados, ser escuchados y a participar, le asisten de igual manera a padres y madres, sin hacer distinción alguna sobre su estado civil o la situación de hecho en que éstos se encuentren.
Las familias deben conocer y adherirse al Proyecto Educativo del establecimiento que han elegido para sus hijos y respetar lo estipulado en el Reglamento Interno. Sin embargo, estas disposiciones nunca podrán implicar una discriminación arbitraria que pudiera afectar la dignidad de los estudiantes o excluirlos de las actividades escolares por no cumplir con las exigencias establecidas para la presentación personal.
Los padres o madres tienen derecho a asociarse, a informase, a ser escuchados y a participar en el establecimiento, indistintamente si gozan de la calidad de apoderado, por tanto es obligación de los establecimientos garantizarles el ejercicio de este derecho.
Por tanto, no corresponde que un establecimiento educacional restrinja los derechos a uno de los padres, por el solo hecho de no tener la calidad de apoderado, a menos que exista una resolución judicial que así lo ordene.
Los padres o madres tienen derecho a asociarse, a informase, a ser escuchados y a participar en el establecimiento, indistintamente si tienen el cuidado personal de sus hijos.
Ningún padre o madre, a menos que una sentencia judicial ordene lo contrario–atendido el interés superior del niño- puede ser privado de su derecho a ser informado o participar activamente en el proceso educativo de su hijo.
No. Los padres, madres y apoderados podrán ejercer el derecho a participar a través de su asistencia a las distintas actividades que el establecimiento educacional organice, independientemente de que tenga o no la calidad de apoderado. A modo de ejemplo se pueden enunciar las reuniones del sub centro de nivel, las reuniones del Centro de Padres y Apoderados, todas las actividades extracurriculares en que se considere la participación de padres, madres o apoderados, tales como giras de estudio, paseos con fines educativos, etc.

Discriminación

Le Ley de Inclusión, garantiza el derecho a la educación y la permanencia a todos los niños y jóvenes de nuestro país, desde Pre-Kinder a IV medio, prohibiendo toda forma de discriminación arbitraria, disponiendo que todos los reglamentos internos deben establecer expresamente que se prohíbe toda forma de discriminación arbitraria.
Por su parte la Ley General de Educación dispone que ni el Estado ni los establecimientos educacionales podrán discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.
El embarazo y la maternidad no pueden ser razones para impedir el ingreso o permanencia de una estudiante a clases, debiendo los establecimientos otorgar las facilidades académicas y administrativas que les permitan el cumplimiento de ambos objetivos. Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos que los demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el cambio de establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión de clases u otra similar.
Las autoridades educacionales y los establecimientos deben otorgar todas las facilidades para que los alumnos inmigrantes puedan ingresar, a la brevedad, al sistema escolar.
Los alumnos extranjeros deben ser aceptados y matriculados provisionalmente en los establecimientos educacionales,
Los alumnos deberán ser aceptados y matriculados provisionalmente en los establecimientos.Para estos efectos, será suficiente requisito que el postulante presente al colegio o liceo una autorización otorgada por el respectivo Departamento Provincial de Educación y un documento que acredite su identidad y edad. Los Departamentos Provinciales de Educación deberán otorgar en forma expedita la autorización para matricula provisional al alumno que lo requiera, para lo cual será suficiente que acompañe la documentación que acredite su identidad, su edad y últimos estudios cursados en el país de origen, no pudiendo constituir impedimento el hecho de que estos documentos no cuenten con el trámite de legalización. Mientras el estudiante se encuentre con “matrícula provisoria” se considerará como alumno regular para todos los efectos académicos, curriculares y legales a que diere lugar, sin perjuicio de la obligación del alumno de obtener, en el más breve plazo, su permiso de residencia en condición de Estudiante Titular. Matriculado provisionalmente un alumno(a) inmigrante, el sostenedor del establecimiento subvencionado tendrá derecho a la subvención correspondiente.
Los establecimientos no pueden condicionar el ingreso o la permanencia de un estudiante por tener un determinado corte o tinturado de pelo, por no cumplir con el uso del uniforme escolar o parte de él, u otros elementos de la presentación personal,. En caso de generarse alguna de estas situaciones, será el Reglamento Interno el que defina el actuar del colegio. Sin embargo dicho actuar nunca podrá implicar la exclusión del estudiante de actividades académicas, dado que constituye una discriminación arbitraria. Sin perjuicio de ello, el establecimiento debe buscar estrategias que permitan dar cumplimiento a su Reglamento Interno conforme al Proyecto Educativo y el interés superior del niño.

Proceso de Mediación

  • A partir del año 2014, la Superintendencia de Educación tiene la facultad de facilitar un Proceso de Mediación, cuyo objetivo es favorecer la resolución pacífica de conflictos y aportar a la calidad educativa de los establecimientos.
  • Consiste en que un tercero, de carácter imparcial y ajeno al conflicto, ayuda a que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando restablecer la relación y la reparación cuando sea necesario.
  • El sentido de la Mediación es que todos los involucrados puedan generar aprendizajes y experiencias y se comprometan con su propio proceso de formación como ser humano.
  • El Mediador no impone soluciones, su tarea está orientada a generar condiciones para que se dé un diálogo entre las partes que se oriente al acuerdo
  • Este proceso busca llegar a un acuerdo sin establecer sanciones ni culpables, sino que la reconstrucción de los vínculos y la reparación, cuando sea necesaria.
  • La Mediación se debe dar en un espacio de diálogo respetuoso e inclusivo donde las familias y el establecimiento educacional puedan abordar los conflictos que afectan al estudiante.
  • Voluntariedad: El reclamado puede aceptar o no ser parte de un proceso de mediación. Asimismo cualquiera de las partes podrá, en todo momento, expresar su voluntad de no perseverar en el procedimiento, el que se dará por terminado, dejándose constancia en acta de dicha circunstancia, la que deberá ser firmada por las partes y el mediador.
  • Igualdad: Para que pueda ser aplicado este procedimiento, las partes deberán encontrarse en igualdad de condiciones para adoptar acuerdos.
  • Celeridad: El procedimiento de mediación se impulsará de oficio en todos sus trámites. El mediador y los funcionarios públicos que de cualquier modo intervengan en él, deberán actuar por propia iniciativa, salvo respecto de las actuaciones que correspondan a las partes.
  • Confidencialidad: El mediador deberá guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de mediación y estará amparado por el secreto profesional.
  • Imparcialidad: El mediador debe actuar con objetividad, cuidando de no favorecer o privilegiar a una parte en perjuicio de la otra.
  • Probidad: Consiste en observar una conducta intachable y desarrollar un desempeño honesto y leal de la función de Mediador.
  • Controversias surgidas entre los padres o apoderados y la dirección del establecimiento educacional, asociadas a temas relacionales y conductuales del estudiante que afectan su normal desarrollo y desempeño educativo.
  • Quedan excluidas de la aplicación de este procedimiento las siguientes situaciones:
    • Las de naturaleza técnico-pedagógica, es decir, los conflictos en relación a la evaluación de aprendizajes, promoción, aplicación de planes y programas, etc.
    • Eventuales infracciones a la normativa educacional, como los requisitos para obtener y mantener el Reconocimiento Oficial del Estado a los establecimientos educacionales; las normas que establecen los requisitos para impetrar el beneficio de la subvención escolar y las comprendidas en la Resolución Exenta N° 25 de 2013 de la Superintendencia de Educación, que establece las facultades de la Superintendencia en materia de atención de denuncias.
    • Conflictos o situaciones de incumplimiento laboral, de cualquier tipo o naturaleza o de relación entre algún docente, asistente de la educación u otro profesional respecto del establecimiento educacional o entre personas y profesionales que se desempeñan en el mismo establecimiento.
  1. Solicitud de Mediación a la Superintendencia de Educación.
  2. La Superintendencia contacta e invita a las partes involucradas.
  3. Una vez aceptado el proceso se realizarán las sesiones de Mediación.
  4. Las sesiones estarán guiadas por un mediador imparcial, especialmente capacitado para llegar a un acuerdo a través del diálogo
  5. Si el proceso se realiza satisfactoriamente, las partes podrán llegar a un acuerdo que reestablezca la relación.
  6. Si no hubiera acuerdo, se explicitará en un acta de cierre de Mediación.
 
  • Existen dos formas para presentar una solicitud de Mediación (reclamo):
1.- En las Oficinas Regionales de Atención Ciudadana. Busca la dirección de tu región aquí:
 
2.- Vía web ingresando a:  
  • Las Mediaciones no tendrán costo para las partes.
  • Gratuita: no tiene costo para los participantes
  • Voluntaria: no hay obligación para ninguna de las partes.
  • Expedita: es un proceso rápido que se ajusta a la disponibilidad de todos.
  • Imparcial: el mediador no favorece o privilegia a una parte en perjuicio de otra.
  • Eficaz: se enfoca en las necesidades del estudiante.
La Superintendencia de Educación convoca a todos los interesados a un proceso de inscripción en el Registro de Mediadores, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.529 y en la Resolución Exenta N°0933 del 15 de septiembre de 2014. Para postular siga el siguiente link , que lo llevará a la plataforma digital de postulación al Registro de Mediadores Escolares. Sólo se podrá postular a través de la plataforma digital, en las Oficinas Regionales no se recibirán antecedentes en formato papel.
Pueden postular los interesados que cumplan los requisitos señalados en el artículo N°8 de la Resolución Exenta N°346 del 2 de mayo de 2017:
  1. Tener un título profesional de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.
  2. Poseer un título o diploma de especialización en Mediación, impartida por alguna institución de educación superior que cuente con Reconocimiento Oficial del Estado de a lo menos 120 horas académicas.
  3. Acreditar práctica en Mediación, ya sea en instituciones públicas o privadas, de a lo menos 40 horas cronológicas.
  4. Disponer de un lugar adecuado para desarrollar la Mediación, en cualquier comuna de la región respectiva. El lugar deberá contar con las condiciones necesarias para asegurar el principio de reserva y confidencialidad del proceso.
  5. Tener tres años de experiencia profesional pública o privada.
  6. No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva; por alguno de los delitos contemplados en los artículos 361 al 375 del Código Penal, ni por actos constitutivos de violencia familiar.
  7. No ser funcionario de planta, a contrata o a honorarios de una institución pública que forme parte del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.
  • Formulario de Postulación al Registro de Mediadores (se completa en la plataforma)
  • Certificado de Título profesional otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por este, en original o copia autorizada ante notario. El documento deberá informar la duración de la carrera respectiva. El certificado de profesionales otorgado por el servicio de registro civil e identificación también se considerará como válido.
  • Certificado original o copia legalizada ante notario del título o diplomado de especialización en mediación, el cual deberá acreditar a lo menos 120 horas académicas.
  • Documento original o fotocopia legalizada ante notario que acredite el número de horas de práctica efectiva realizada en mediación, ya sea en instituciones públicas o privadas de a lo menos 40 horas cronológicas, el que debe contar con la firma de la jefatura bajo la cual se desempeñó y el timbre de la institución.
  • Original o copia legalizada ante notario del título bajo el cual se detenta la tenencia donde funcionan las dependencias del mediador; por ejemplo, certificado de dominio con vigencia, contrato de arrendamiento o cualquier otro que legitime el uso del inmueble.
  • Documentos originales o copia legalizada ante notario que acrediten la experiencia profesional de 3 años en instituciones públicas o privadas. En el caso de organismos públicos debe adjuntar certificado(s) emitidos por el departamento de personal con firma del funcionario responsable y timbre de la institución en la cual se desempeñó. En el caso que se haya desempeñado en instituciones privadas el certificado debe ser emitido por el departamento de recursos humanos o en su defecto por su jefe directo.
  • Certificado de Antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación, emitido en una fecha no anterior a los 10 días hábiles previos a la respectiva postulación al Registro de Mediadores.
  • Una vez realizada la postulación en la plataforma, la Dirección Regional tendrá 20 días hábiles para revisar los antecedentes.
  • Si el postulante cumple con los requisitos, será citado a rendir una evaluación técnica sobre la normativa educacional que rige el quehacer de la Superintendencia de Educación.
  • Los contenidos generales que serán evaluados se enviarán en forma de temario a los postulantes.
  • La Dirección Regional tendrá un plazo de 10 días hábiles para pronunciarse sobre la aceptación o rechazo del interesado en el registro, a contar de la fecha de la realización de la evaluación técnica.
  • En caso de que la solicitud sea rechazada se le notificará al interesado, mediante carta certificada o mediante correo electrónico, que contendrá los fundamentos en los que se basa la decisión.
  • Si la solicitud es aceptada, se notificará al interesado por carta certificada o correo electrónico.
  • El Mediador se entenderá incorporado al registro a contar de la fecha de notificación, momento en el cual quedará habilitado para ser designado como Mediador.
  • Cada año la Superintendencia de Educación fijará los montos de los aranceles, así como el procedimiento de contrato y pago de servicios de los Mediadores.
  • Para el año 2017, las Mediaciones facilitadas por la Superintendencia de Educación consideran un arancel para los Mediadores de la suma única y no reajustable de $ 70.000 (setenta mil pesos), por cada sesión de dos horas de duración realizada durante un proceso de Mediación.
  • Las sesiones que se realicen durante el proceso de Mediación no podrán tener una duración mayor a dos horas cronológicas y cada proceso de Mediación no podrá considerar más de 4 sesiones.
  • Para proceder al pago de los Mediadores, estos deberán presentar los formularios correspondientes por cada sesión de Mediación realizada.
  • Los formularios deben ser presentados al Encargado Regional de Promoción y Resguardo de Derechos Educacionales, quien deberá validarlos y aprobarlos.
  • Una vez que los informes cuenten con el visto bueno del funcionario referido, éste solicitará al Mediador que emita la boleta de honorarios respectiva.
  • Para dudas y consultas sobre el proceso de Mediación o el Registro de Mediadores llamar a las respectivas Oficinas Regionales o llamar al teléfono +56 232431000.
Ingrese al siguiente link para revisar la nómina de mediadores de la Superintendencia  de todo el país.    

Oficinas en regiones

Call Center:
+56 600 3600 390