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Superintendencia emite resolución que Fija Modelo de Fiscalización y Estandarización de Hallazgos


Sábado 20 de abril de 2013




El sistema —publicado en el Diario Oficial el sábado 20 de abril—, reclasifica las infracciones a la normativa escolar que regirán a partir del año escolar 2013, para hacer más objetivo, oportuno y transparente el proceso de fiscalización.

El mecanismo apunta a diferenciar las infracciones que obedecen a un error, a una transgresión o a un hecho doloso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 



La Superintendencia de Educación emitió la resolución exenta 290, que fija el Modelo de Fiscalización y Estandarización de Hallazgos. El sistema —publicado en el Diario Oficial el sábado 20 de abril—, reclasifica las infracciones a la normativa escolar que regirán a partir del año escolar 2013, para hacer más objetivo, oportuno y transparente el proceso de fiscalización.
El mecanismo apunta a diferenciar las infracciones que obedecen a un error, a una transgresión o a un hecho doloso.
Para la confección de los 282 sustentos de hallazgo —agrupados en 100 familias—, la Superintendencia cruzó las infracciones con todas las leyes, decretos y normativas.
Frente a estos sustentos, previamente establecidos, la Superintendencia entrega la posibilidad a los establecimientos de optar por una “tramitación acelerada” de procesos administrativos, siempre y cuando el sostenedor haya manifestado formalmente su aceptación y allanamiento a todos los cargos formulados.
De  282 sustentos de hallazgo, 203 (71,9%) pueden tener tramitación acelerada. No así los 79 restantes (28%), por tratarse de casos graves y con mayores exigencias probatorias. En estos últimos figuran, entre otros, el uso de lápiz grafito para la toma de asistencia, no cancelar las remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud a los docentes y asistentes de la educación, no utilizar la subvención en el propósito determinado por la ley, no presentar rendiciones de cuenta o hacerlo en forma adulterarla, vulnerar derechos y no contar con algunas exigencias de infraestructura.
La tramitación acelerada de los procesos administrativos —que se extiende por un máximo de 10 días, a diferencia del plazo ordinario que es de 45— es un acto voluntario que permite al sostenedor reconocer las faltas constatadas en un acta de fiscalización asumiendo una sanción inmediata.
Es decir, en un mismo acto, el sostenedor reconoce los hechos, se ponderan las circunstancias atenuantes; es notificado y tiene la opción voluntaria de finalizar el proceso administrativo con una sanción de amonestación o una multa estandarizada.
En el caso de rechazo a esta opción se realiza un proceso administrativo de tramitación ordinaria, en el cual el establecimiento educacional debe demostrar su inocencia frente a los hechos imputados.
El objetivo es agilizar el proceso para resolver faltas leves y menos graves, reducir la carga administrativa, y estandarizar y graduar las sanciones a nivel nacional.
La resolución 290, firmada por el superintendente Manuel Casanueva, precisa —en sus considerandos— que el deber de la institución es fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones dictados por la Superintendencia.
El proceso de fiscalización de la Superintendencia fue diseñado de acuerdo a un modelo de auditoría de gestión, por lo cual —precisa el texto— “la fiscalización se constituye en una actividad independiente y objetiva de aseguramiento del cumplimiento de la normativa educacional vigente, y de asesoramiento y capacitación a los establecimientos educacionales”.
En este último punto, el documento aclara que el rol de la Superintendencia se circunscribe a la orientación y acompañamiento en la comprensión de las exigencias y requisitos que deben cumplir los establecimientos educacionales y sostenedores. Pero, advierte que, en ese proceso, la institución “debe mantener la objetividad y no asumir responsabilidad en la gestión de los establecimientos educacionales”.
En su fase resolutiva, la resolución 290 precisa que se aprueba el Sistema de Estandarización de Infracciones a la normativa educacional, el que será utilizado en las visitas a terreno. Y establece “la tramitación acelerada de los procesos administrativos instruidos respecto de sustentos que admitan dicha aceleración, y en cuya tramitación el sostenedor haya manifestado formalmente su aceptación y allanamiento a todos los cargos formulados”.
Los programas de fiscalización iniciados con anterioridad a la dictación de esta resolución, continuarán su tramitación con el sistema antiguo.




 

Tramitación acelerada de procesos
Si
203
No
79
Total de sustentos de hallazgos
282