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Superintendencia de Educación emitió "Circular Nº2" dirigida a los colegios particulares pagados


La normativa, que resume más de 50 leyes y decretos,  fija los requisitos, registros, plazos y exigencias que deben ser cumplidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado.

La circular, de 71 páginas, precisa que en el caso de los  establecimientos educacionales particulares pagados, la facultad de fiscalización "exigirá la existencia de una denuncia o reclamo”.

 

 

 

 

 

 








Lunes 25 de marzo de 2013


La Superintendencia de Educación, que encabeza Manuel Casanueva (PT), emitió el viernes 22 la “Circular Nº2”, dirigida a los 734 colegios particulares pagados que existen en el país, con los requisitos, registros, plazos y exigencias  que deben ser cumplidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado.

El documento, de 71 páginas —que resume más de 50 leyes y decretos— estandariza, clarifica y entrega instrucciones precisas respecto de las áreas fiscalizadas y controladas”.
En sus acápites, estable que el artículo 49, letra d), de la Ley Nº 20.529, faculta a los funcionarios de la Superintendencia a ingresar a los establecimientos educacionales y dependencias del sostenedor que tengan relación con la administración del establecimiento educacional, a objeto de realizar las funciones que le son propias.
Sobre este punto, precisa que “respecto de los establecimientos educacionales particulares pagados, el ejercicio de esta atribución exigirá la existencia de una denuncia o reclamo”, ante lo cual enfatiza que se “podrá investigar y exigir la entrega de los antecedentes que corresponda, los cuales podrán ser retirados del local escolar por los fiscalizadores, para su posterior análisis”.
 
Estos documentos y registros, según lo estipula la normativa, deben estar a disposición de los funcionarios de la Superintendencia por un período de a lo menos cinco años.
 
La circular también se refiere —en distintos capítulos— a las infracciones, sanciones y multas, inhabilidades del sostenedor, obtención y pérdida del reconocimiento oficial del Estado, registro de matrícula, y libros de clases, procesos de admisión y edades reglamentarias de ingreso.
 
Para la Educación Básica establece 6 años cumplidos al 31 de marzo, aunque este requisito puede ser ampliado por el director del establecimiento, siempre que no se exceda el 30 de junio del mismo año. Para la Educación Media, la edad máxima de ingreso son los 16 años.
 
La normativa prohíbe cualquier discriminación por razones de embarazo; establece que el director y el sostenedor son responsables de los viajes de estudio y de la toma de medidas para la integridad de los alumnos, y exige que la documentación debe estar a la vista para su posible revisión por los fiscalizadores de la Superintendencia.
 
También se refiere a los profesionales de la educación y su idoneidad profesional y moral. Para ello, la circular establece que la planilla debe ser cotejada con el Registro de Inhabilidades para trabajar con menores de edad.
Otras exigencias tienen que ver con la existencia de un Reglamento Interno, con políticas de prevención, medidas pedagógicas y protocolos de actuación para una buena convivencia escolar; y una infraestructura segura y con condiciones de  higiene ambiental y salubridad.
 
Entre las infracciones graves se considera no efectuar la rendición de la cuenta pública de los recursos; no entregar la información solicitada por el Ministerio de Educación, la Agencia o la Superintendencia; incumplir alguno de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado; incumplir reiteradamente los estándares de aprendizaje exigidos en conformidad a las leyes (esta infracción sólo podrá ser sancionada con la revocación del reconocimiento oficial del Estado); alterar los resultados de las mediciones de aprendizaje y de los otros indicadores de calidad educativa, e impedir u obstaculizar deliberadamente la fiscalización de la Superintendencia.
 
Las sanciones previstas en la normativa son: amonestación por escrito, multas, inhabilidad temporal o a perpetuidad para obtener y mantener la calidad de sostenedor y la revocación del reconocimiento oficial del Estado.
Las multas van de 1 UTM a 50 UTM, en caso de ser leves; de 51 UTM a 500 UTM en caso de menos graves y de 501 UTM a 1.000 UTM en caso de graves.
La circular precisa que para los establecimientos educacionales particulares pagados, la multa será proporcional al promedio mensual de los cobros por motivo de arancel y matrícula, y que el pago de las multas debe hacerse en la Tesorería General de la República.
El 4 de febrero de 2013, la institución lanzó “Circular Nº1”, que estuvo dirigida a los 11.500 colegios municipales y particulares subvencionados.


 

  

 

CIRCULAR N°2 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARTICULARES PAGADOS